El Gobierno de Canarias ha encontrado en la ‘herencia recibida’ el marco perfecto para justificar el frenesí administrativo de su nuevo Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026 (PAEC 26). En una respuesta parlamentaria inusualmente cruda, el Ejecutivo de Coalición Canaria y el Partido Popular califica de «prácticamente nulo» el nivel de ejecución del plan anterior (2021-2023), bajo gestión del Pacto de las Flores. Esta parálisis pretérita ha obligado a la actual Consejería de Transición Ecológica a activar, por puro procedimiento de urgencia, el 90% de sus medidas en apenas doce meses para evitar que la estrategia 2030 termine siendo papel mojado.
El diagnóstico del actual equipo es demoledor: al tomar posesión, se encontraron con que la estructura de gobernanza y la oficina técnica ni siquiera estaban constituidas. Para compensar este vacío de tres años, el Gobierno ha inyectado por primera vez una dotación de 700.000 euros en los presupuestos autonómicos, aunque el verdadero rescate vendrá de los bolsillos de los ciudadanos a través del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos. Con una previsión de movilizar 35,7 millones de euros de este tributo, el Ejecutivo busca financiar infraestructuras que, sobre el papel, deberían haber estado en marcha hace un lustro, como las plantas de compostaje insulares.
A pesar de las críticas al pasado, el actual Ejecutivo también ha tropezado con su propio calendario. La actualización de la Ley de Residuos de Canarias, pieza maestra de cualquier estrategia circular, debería haber arrancado en octubre de 2024 y sigue hoy en el cajón de los «no iniciados». La Consejería justifica este retraso por la falta de informes técnicos de diagnóstico previos -documentos que tampoco estaban elaborados-, evidenciando que la burocracia canaria sigue moviéndose a una velocidad muy distinta a la de las urgencias climáticas que dicta Bruselas.
Biocombustibles y laboratorios de festivales
Para desmarcarse de la sombra de sus predecesores, el Gobierno ha introducido proyectos con mayor carga tecnológica, como el estudio de viabilidad para producir biocombustible SAF (combustible sostenible de aviación) mediante electrólisis. Esta apuesta busca convertir al archipiélago en un laboratorio de descarbonización aérea, aprovechando su condición de territorio aislado. Además, en un giro hacia el marketing de guerrilla, la administración ha utilizado eventos como el Phe Festival para testar sus campañas de sensibilización, intentando demostrar que la economía circular puede ser algo más que una gestión de residuos gris y puramente administrativa.
En el ámbito académico, se trabaja con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en la creación de un título de ‘Experto Universitario en Economía Circular en Territorios Aislados’, mientras se firman protocolos con la Universidad de La Laguna para integrar la circularidad en el derecho administrativo. El objetivo es claro: crear una capa técnica que actúe como cortafuegos ante futuras etapas de inacción como la que el actual informe denuncia con tanta insistencia.
La verdadera prueba de fuego para esta gestión será la puesta en marcha de la oficina técnica, prevista para el 1 de diciembre de 2025, tras años de inexistencia. Con el Grupo Directivo ya constituido desde julio, el Gobierno confía en que este nuevo engranaje permita pasar de la ejecución nula a la transformación real de los flujos de materiales de las islas. Sin embargo, la sombra del pasado es alargada: mientras no se apruebe la nueva Ley de Residuos, cualquier avance corre el riesgo de ser, de nuevo, un parche millonario sobre un marco legal obsoleto.
