La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias refleja en su Memoria 2025 remitida al Parlamento de Canarias un aumento notable de la actividad investigadora, con cifras que muestran una administración de justicia activa frente a la complejidad del territorio y la dispersión poblacional. En la provincia de Las Palmas, las diligencias de investigación incoadas en 2024 alcanzaron las 36, prácticamente idénticas a las 34 del año anterior.
La Memoria 2025 refleja un equilibrio entre la fiscalización rutinaria y los casos de alto impacto mediático y económico. Mientras las cifras muestran cierta estabilidad en delitos económicos y ambientales, la complejidad de los procedimientos —desde malversación de fondos hasta contaminación y maltrato animal— subraya la necesidad de mantener estructuras de investigación ágiles y bien coordinadas, especialmente en un archipiélago donde la dispersión territorial añade un reto logístico y judicial significativo.
Por tipología, 19 se relacionaron con delitos contra la ordenación del territorio, 9 contra el medio ambiente, 1 por delitos contra flora y fauna, 1 por incendios forestales y 4 por delitos contra animales domésticos. Las sentencias reflejan un balance de 18 condenas por ordenación del territorio, 1 por incendio forestal y 9 por maltrato animal, junto a algunas absoluciones que evidencian la complejidad probatoria de ciertos casos.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el patrón es similar aunque con matices: se incoaron 58 diligencias preprocesales frente a 69 del ejercicio anterior, mostrando un leve descenso hacia la normalización tras la elevada actividad en Arona, zona marcada por autoconstrucciones irregulares en suelo rústico. Entre los procedimientos más mediáticos destaca la investigación por vertidos al mar en Playa Jardín (Puerto de la Cruz), derivada del mal estado de las estaciones de bombeo, que mantiene la atención de medios y ciudadanos por la dimensión ecológica y sanitaria del caso.
La fiscalía tinerfeña destaca también la intensa actividad en materia de maltrato animal: 66 procedimientos fueron incoados, la mayoría relacionados con abandono y maltrato de animales domésticos, con especial seguimiento por parte de la Policía Autonómica Canaria. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente incluyeron vertidos a dominio público marítimo-terrestre y contaminación acústica. La Fiscalía subraya que los incendios forestales se redujeron a 4 casos, todos en fase de instrucción con autor conocido, reflejando una temporada menos agresiva pero en un entorno forestal ya muy castigado, que ha demostrado gran capacidad de regeneración.
En cuanto a los delitos económicos, la Fiscalía Provincial de Las Palmas muestra estabilidad en las diligencias, con un total de 36 investigaciones en 2024 frente a 34 en 2023. Destacan procedimientos por administración desleal (7 casos), delitos contra la Seguridad Social (8), insolvencia punible (1) y delitos societarios (2), así como investigaciones por defraudaciones tributarias y estafa. En Tenerife, los delitos económicos adquirieron visibilidad mediática con casos de frustración de la ejecución y delitos fiscales, sumando 12 escritos de acusación en 2024 frente a 2 del año anterior.
Casos concretos de especial interés incluyen la prevaricación urbanística y malversación de fondos vinculada a la sociedad municipal responsable de la transformación de terrenos rústicos en Las Palmas de Gran Canaria, así como diligencias sobre el traslado irregular de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) hacia el continente africano, que descubrieron puntos clandestinos de almacenamiento y manipulación de materiales destinados a la exportación, evidenciando redes complejas que requieren coordinación entre fiscalía, policía y administración local.
