El debate sobre la crisis habitacional en Canarias acaba de recibir un nuevo aplazamiento. La Mesa del Parlamento, a petición del propio Ejecutivo autonómico, ha acordado una prórroga de 15 días naturales, hasta el 26 de noviembre de 2025, para que el Gobierno exprese su criterio sobre una proposición de ley cuyo título (Para el impulso del derecho a la vivienda en Canarias mediante la regulación de los grandes tenedores y el reequilibrio fiscal) explica por qué Moncloa y el equipo de la Consejería de Hacienda han solicitado tiempo adicional: esta ley no es solo una medida social, es un misil fiscal.
El contenido de la PPL ataca dos frentes altamente sensibles para la estabilidad del Archipiélago. Por un lado, propone regular a los «grandes tenedores» de vivienda, una medida que exige el uso de la legislación estatal y que siempre genera fricción con el lobby inmobiliario y los intereses turísticos de corta estancia. Por otro, y aquí reside la principal complejidad, vincula esta regulación al «reequilibrio fiscal», sugiriendo mecanismos de tributación o reorientación de ingresos para financiar las políticas de vivienda.
Es esta doble vertiente, la intervención del mercado y la modificación de la estructura fiscal, la que ha forzado la mano del Ejecutivo. Solicitar una prórroga para emitir el «criterio» sobre la toma en consideración no es un mero trámite; es una señal inequívoca de que el texto ha generado tensiones internas significativas, probablemente entre los socios de gobierno o entre las áreas de Vivienda y Hacienda. El Gobierno necesita tiempo para evaluar si la PPL es constitucionalmente viable y, sobre todo, si es políticamente asumible sin dinamitar el marco presupuestario regional.
El coste político de este retraso es elevado. En un contexto donde el precio del alquiler y la falta de acceso a la vivienda digna se han convertido en la principal emergencia social del Archipiélago, cada día de dilación expone al Ejecutivo a las críticas de inacción. La ciudadanía percibe el boom turístico y la especulación inmobiliaria como factores que expulsan a los residentes, y cualquier maniobra procedimental sobre una ley clave se interpreta como una falta de voluntad política para abordar el problema con la urgencia que requiere.
La prórroga sitúa el momento de la verdad en la última semana de noviembre. El Gobierno deberá decidir si opta por un enfrentamiento frontal, emitiendo un criterio desfavorable que paralice la ley, o si se ve obligado a asumir, aunque sea parcialmente, los principios de regulación y reequilibrio fiscal propuestos. Si la ley es tomada en consideración, la batalla por las enmiendas será épica, especialmente en lo referente a qué se considera «gran tenedor» y cómo se instrumentarán las nuevas cargas fiscales.
En resumen, esta breve nota del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias es un termómetro político: mide la dificultad del Gobierno de coalición para armonizar las demandas sociales de intervención en el mercado de la vivienda con las rigideces y cautelas del sistema tributario canario. La prórroga no resuelve nada; solo pospone una inminente confrontación parlamentaria sobre quién debe pagar el precio de la crisis de la vivienda.
