El Parlamento de Canarias ha analizado una nueva propuesta legislativa de la Unión Europea vinculada a la lucha contra el cambio climático y al control de las emisiones contaminantes. Se trata de una modificación de las normas que regulan el mercado europeo de derechos de emisión, en concreto para sectores como los edificios, el transporte por carretera y otras actividades económicas. El objetivo del dictamen es comprobar si esta iniciativa europea respeta el llamado principio de subsidiariedad, es decir, si debe regularse a nivel comunitario y no desde los Estados o las regiones.
La Cámara autonómica concluye que la propuesta europea cumple con ese principio, ya que el cambio climático es un problema que no entiende de fronteras y requiere respuestas coordinadas. Según el Parlamento, actuar de forma conjunta desde la Unión Europea es más eficaz que hacerlo de manera aislada desde cada país o territorio. Además, el sistema europeo de comercio de emisiones necesita reglas comunes para funcionar correctamente y evitar desequilibrios en el mercado.
La iniciativa europea busca reforzar la llamada “reserva de estabilidad del mercado”, un mecanismo que permite ajustar la oferta de derechos de emisión para evitar subidas bruscas de precios o situaciones de inestabilidad. Con estos cambios, Bruselas pretende que el mercado sea más previsible y estable cuando el nuevo régimen de emisiones, conocido como RCDE 2, entre plenamente en vigor en 2028. De esta forma, se intenta proteger tanto a los consumidores como a las empresas frente a posibles impactos económicos excesivos.
Sin embargo, el Parlamento de Canarias introduce importantes matices. En su dictamen advierte de que ni la institución ni el Gobierno canario fueron consultados durante la elaboración de la propuesta y señala la ausencia de un estudio claro sobre las posibles cargas económicas y administrativas que podría generar. Esta falta de información dificulta valorar cómo afectarán realmente las nuevas medidas a los territorios y a los sectores más sensibles.
Además, la Cámara autonómica alerta de que la propuesta no tiene en cuenta de forma específica la realidad de Canarias como región ultraperiférica. La insularidad, la lejanía del continente europeo y la fuerte dependencia de los combustibles fósiles hacen que el impacto del sistema de emisiones pueda ser mayor en el archipiélago. Por ello, el Parlamento considera necesario que la Unión Europea incorpore medidas diferenciadas y un análisis específico para garantizar una transición climática justa que no perjudique a hogares, pequeñas empresas y sectores estratégicos de Canarias.
