El Gobierno de Canarias ha explicado en sede parlamentaria las medidas y procedimientos que se aplican para agilizar el desalojo de viviendas protegidas ocupadas ilegalmente, en respuesta a una pregunta oral formulada por el diputado Jacob Anis Qadri Hijazo, del Grupo Parlamentario Popular. La información fue trasladada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, tras recabar los datos del área de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
Según el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), cuando se detecta que una vivienda protegida en régimen de alquiler ha sido ocupada sin título habilitante, se activa un protocolo que comienza con la colaboración de la Policía Local del municipio, encargada de identificar a las personas que se encuentren residiendo en la vivienda de forma irregular.
Una vez identificadas, se les notifica un requerimiento de desalojo con un plazo de 30 días hábiles, informándoles además de que la ocupación ilegal constituye una infracción grave según la Ley de Viviendas de Canarias, pudiendo ser sancionada con multas de hasta 150.000 euros.
Si el requerimiento no surte efecto, se inicia un primer expediente sancionador, al que puede seguir un segundo. De persistir la ocupación, se activa el procedimiento de desahucio administrativo, que se tramita bajo la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta vía administrativa ofrece una mayor agilidad respecto a la judicial ordinaria.
Dentro del procedimiento, se notifica al interesado para que en 15 días presente alegaciones o pruebas. Tras revisar la documentación y conceder un nuevo plazo de audiencia de 15 días, el instructor dicta una resolución. Emitida la resolución de desahucio, se otorgan 15 días adicionales para la entrega voluntaria de las llaves; en caso de incumplimiento, se procede al lanzamiento.
El documento oficial, fechado el 12 de noviembre de 2025 y firmado por el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Víctor Tomás Chinea Mendoza, fue remitido a la presidenta del Parlamento de Canarias. Con esta explicación, el Ejecutivo reafirma su compromiso de actuar con firmeza y celeridad ante la ocupación ilegal de viviendas públicas, garantizando el cumplimiento de la normativa y la protección del parque público residencial.
