El Gobierno de Canarias impulsa un Anteproyecto de Ley de Seguridad Pública que busca elevar a las islas a la «primera división» competencial, imitando los modelos vasco y catalán. Cámaras en cada esquina, un laberinto de nuevos consejos y el fantasma del «choque de civilizaciones». En los despachos de la Dirección General de Seguridad, el mantra es la ‘Ley Orgánica 1/2018’. Con la reforma del Estatuto en la mano, Canarias quiere jugar en la liga de Euskadi, Cataluña y Navarra. El Anteproyecto de Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias no es solo un texto legal; es una declaración de soberanía sobre la «protección de personas y bienes«.
Los detalles que no verás en el telediario
En un tono inusualmente geopolítico para una ley autonómica, la memoria justificativa cita el «choque de civilizaciones» como un factor que ha exacerbado la sensibilidad social ante la inseguridad. El texto admite que la globalización ha confrontado valores antagónicos y que Canarias necesita blindarse ante estas «amenazas globales».
La ley dedica un espacio específico al desarrollo reglamentario del uso de videocámaras. El Gobierno no solo quiere regular cómo graba la Policía Autonómica, sino también supervisar las cámaras de las policías locales, la custodia de las imágenes y quién tiene la llave para borrarlas.
Prepárense para una sopa de siglas y nuevos órganos. El plan crea una estructura piramidal: una Comisión Canaria de Seguridad Pública (el cerebro), una Junta de Seguridad (el puente con Madrid), Juntas Insulares (una por isla), Juntas Locales (obligatorias para pueblos con policía) y un Consejo de Seguridad Pública (el órgano consultivo).
Por si los cuerpos públicos no fueran suficientes, el texto prevé una Comisión Mixta de Coordinación de la Seguridad Privada. Canarias quiere tener bajo su control directo la interlocución con los ejércitos de vigilantes privados que custodian hoteles y centros comerciales. El Gobierno de Clavijo ha descartado la «opción cero» (no hacer nada). Argumentan que el sistema actual es un «Frankenstein» de leyes de 1997, 2007 y 2008 que ya no sirven para frenar ciberataques, crisis migratorias o los efectos del cambio climático. Además, la fragmentación territorial de las ocho islas dificulta la coordinación en tiempo real.
Aunque la memoria asegura haber adoptado «todas las cautelas» para no invadir competencias estatales, el texto menciona explícitamente sentencias del Tribunal Constitucional sobre leyes similares en el País Vasco. Es el eterno baile entre el Ministerio del Interior y las autonomías con «policía propia». La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC. No habrá periodo de transición. Es un «aquí y ahora» para una Canarias que busca dejar de depender de las directrices de Madrid en materia de orden público.
Esta crónica ha sido elaborada a partir de la Memoria Justificativa del Anteproyecto de Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias (30/07/2025) firmada por David Pino Franquet.
