El Gobierno de Canarias ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una propuesta técnica y jurídicamente viable para ampliar los plazos de ejecución de los fondos Next Generation EU vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible, cuyo vencimiento está fijado para junio de 2026. La solicitud, respaldada por las principales federaciones empresariales del archipiélago (FEMEPA, FEMETE, ASINCA, AEOLICAN, SORECAN, UNEF), reclama una prórroga hasta diciembre de 2028 para evitar la pérdida de proyectos estratégicos de descarbonización. Las cifras en juego son contundentes: la Consejería de Transición Ecológica tiene asignados 537 millones de euros en fondos MRR, de los cuales hasta 400 millones podrían perderse por inejecución si no se flexibilizan los calendarios. Solo Gran Canaria cifra en 100 millones los fondos europeos comprometidos sin prórroga.
El archipiélago arrastra un déficit estructural en infraestructura de evacuación eléctrica, permisos administrativos y capacidad de red que hace matemáticamente imposible ejecutar en plazo proyectos de la envergadura que requiere la transición energética insular. El Ejecutivo canario destina además 4 millones de euros de fondos Next Generation a dos licitaciones inminentes para cartografiar el fondo marino en las zonas de demarcación eólica marina del sureste de Gran Canaria y Tenerife, definidas en los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo). Que el mapeo geofísico y bionómico del lecho marino aún no se haya completado cuando los plazos de ejecución expiran en semanas revela la magnitud del desfase entre la ambición regulatoria de Bruselas y la capacidad administrativa real de las regiones ultraperiféricas. Si Madrid no interviene ante la Comisión Europea, Canarias habrá perdido la mayor inyección de capital para renovables de su historia no por falta de proyectos, sino por exceso de burocracia.
