Canarias ha decidido declarar la guerra -al menos sobre el papel- al idioma más resistente de todos: el lenguaje administrativo. El Gobierno autonómico ha sellado su alianza con la Real Academia Española (RAE) con un objetivo tan ambicioso como necesario: que la ciudadanía entienda lo que la Administración le escribe sin necesidad de traductor, abogado o paciencia infinita. Para ello, el presidente Fernando Clavijo firmó una declaración de intenciones junto a los rectores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.
La Comunidad Autónoma forma parte desde enero de 2025 del patronato de la Fundación pro RAE, lo que sitúa a Canarias en la mesa donde se decide cómo evoluciona el español normativo. Clavijo aprovechó el encuentro para reivindicar la colaboración institucional y recordar que el idioma no solo se conserva, sino que también se cuida, especialmente cuando lo usan las administraciones públicas, históricamente expertas en convertir una frase simple en un párrafo impenetrable.
Filólogos, canarismos y el español que sí se entiende
Las universidades públicas canarias llevan ventaja en esta cruzada lingüística. La Universidad de La Laguna aporta tradición filológica, investigación y presencia directa en proyectos como el Diccionario histórico de la lengua española y el Diccionario histórico de canarismos, un recordatorio de que el español de Canarias no es una nota a pie de página, sino una variedad con siglos de historia y vínculos atlánticos. El rector Francisco García subrayó que más de dos millones de hablantes canarios merecen estar representados en la Academia, y no solo cuando toca poner ejemplos exóticos.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, ha optado por mirar al futuro sin perder el diccionario de vista. Desde proyectos sobre lengua e inteligencia artificial hasta la participación activa en la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, la ULPGC trabaja para que el español sobreviva a los algoritmos… y también a los formularios oficiales.
Lenguaje claro: una promesa democrática pendiente
El compromiso más tangible del acuerdo es la adhesión de Canarias a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. Traducido al idioma ciudadano: menos párrafos circulares, menos «en virtud de lo anteriormente expuesto» y más frases que se entiendan a la primera. A través de la Dirección General de Modernización, el Gobierno asegura que está revisando documentos, procedimientos y servicios públicos para garantizar el derecho a comprender lo que la Administración comunica.
La Red tiene dos objetivos claros: reforzar el lenguaje accesible como valor democrático y obligar moralmente a las autoridades a practicarlo en la vida pública. Porque hablar claro no es solo una cuestión lingüística, sino también de transparencia y respeto al ciudadano.
Canarias se suma así a una iniciativa que suena impecable y necesaria. El reto, como casi siempre, no está en la firma ni en la foto institucional, sino en comprobar si dentro de unos años una notificación administrativa podrá leerse sin diccionario, sin asesoría jurídica y sin perder la fe en el sistema. Si eso ocurre, entonces sí, la alianza con la RAE habrá merecido cada palabra.
Noticia escrita por Gara Vega H. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
