El Parlamento de Canarias aprobó de forma definitiva la Ley de Universidades Populares, una norma que consolida un modelo de aprendizaje a lo largo de la vida clave para la cohesión social en uno de los territorios más fragmentados de la Unión Europea. La ley dota por primera vez de seguridad jurídica y financiación estable a estos centros de formación de ámbito municipal.
Pese a su denominación, la norma no regula enseñanza universitaria reglada, sino que reconoce a las Universidades Populares como una infraestructura estratégica para combatir la exclusión social, la brecha digital y el aislamiento geográfico. Para el Gobierno de Canarias (CC-PP), se trata de una herramienta esencial en un archipiélago donde la conectividad física es limitada y el acceso al conocimiento se convierte en un factor decisivo de igualdad.
La aprobación de la ley se produce en un contexto europeo marcado por la exigencia de actualización masiva de competencias para afrontar la transición digital y verde. Canarias recupera y actualiza un modelo de formación nacido a finales del siglo XIX, adaptándolo a las necesidades sociales y laborales actuales. El Ejecutivo regional defiende que la norma no es solo una política cultural, sino una apuesta estratégica por el capital humano y la cohesión territorial, alineada con las recomendaciones de la OCDE y la UNESCO en materia de aprendizaje permanente.
La ley se sustenta en tres ejes fundamentales. El primero refuerza la autonomía municipal, devolviendo a los ayuntamientos -y de forma excepcional a los cabildos- la competencia plena para crear Universidades Populares como proyectos de animación sociocultural vinculados al entorno local.
El segundo pilar abre la puerta a la acreditación de competencias, permitiendo que los aprendizajes informales adquiridos en estos centros puedan ser reconocidos y conectados con el mercado laboral. Se trata de un avance relevante para personas adultas que carecen de titulaciones oficiales pero poseen habilidades demandadas.
El tercer eje establece un sistema de financiación y registro, mediante la creación del Registro Canario de Universidades Populares, que integrará estos centros en la red pública y facilitará el acceso a recursos presupuestarios desde la Consejería de Educación.
El análisis de la norma pone de relieve su potencial impacto en varios frentes: la reducción de la brecha digital mediante alfabetización tecnológica de adultos, el fomento del envejecimiento activo como herramienta preventiva frente a la soledad y el gasto sanitario, y el fin de la inseguridad jurídica que hasta ahora generaba solapamientos entre las áreas de cultura y educación. “El aprendizaje ya no se circunscribe a una etapa inicial de la vida”, recoge el preámbulo de la ley, que aspira a transformar a Canarias en algo más que una potencia turística: un territorio con capital humano resiliente y formado.
La norma entra en vigor de manera inmediata, pero el siguiente paso clave será su desarrollo reglamentario, especialmente en lo relativo a la asignación económica presupuestaria prevista en la Disposición Adicional Primera. En un momento en el que los fondos europeos Next Generation exigen resultados tangibles en cohesión social, Canarias busca posicionarse como referente en políticas de proximidad y formación inclusiva dentro del marco europeo.
