El Gobierno de Canarias aprobó el 6 de abril el Decreto Ley 3/2026, un paquete de medidas fiscales y ayudas directas que responde a la escalada de precios energéticos derivada del conflicto en Oriente Medio y que pivota sobre tres ejes: la eliminación temporal del IGIC en combustibles derivados del petróleo, gas natural, biomasa y leña; el incremento de la devolución del Impuesto Especial sobre Combustibles al 99,99% para agricultores y transportistas profesionales; y la fijación de un régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de residentes dotado con 32,2 millones de euros. El coste estimado del paquete asciende a 29,8 millones de euros en su fase inicial, pero la propia exposición de motivos reconoce que si la crisis persiste podría alcanzar los 60 millones anuales, una cifra que el Ejecutivo de Fernando Clavijo presenta como escudo social pero que en realidad constituye una transferencia directa de recursos públicos a la cadena de distribución de hidrocarburos sin garantía alguna de traslación al precio final en surtidor.
El mecanismo merece disección. La eliminación del IGIC en productos petrolíferos, vigente desde la entrada en vigor del decreto hasta el 30 de junio de 2026, supone renunciar a un ingreso tributario cuya recaudación viene marcando máximos históricos en el archipiélago, con cifras cercanas a los 2.500 millones de euros en el conjunto del impuesto. Que el Gobierno autonómico renuncie voluntariamente a gravar el combustible mientras mantiene intactos los tipos del IGIC en otros bienes y servicios revela una jerarquía de prioridades que no responde a criterios de eficiencia fiscal sino a la presión sectorial del transporte por carretera y la agricultura, dos colectivos con capacidad de bloqueo logístico en un territorio insular donde una huelga de transportistas equivale a un desabastecimiento en 72 horas. Las bonificaciones marítimas, por su parte, canalizan 32,2 millones para subvencionar los billetes de residentes en las líneas interinsulares, un mecanismo que lleva años beneficiando a las navieras operadoras, Fred Olsen Express y la recién adquirida Naviera Armas (ahora bajo control de Baleàrria), sin que la administración haya publicado jamás una auditoría independiente sobre qué porcentaje de la bonificación se traduce en rebaja real para el pasajero y qué porcentaje engrosa los márgenes del operador. El decreto eleva además a 50.000 euros el límite de facturación para acogerse al régimen especial de pequeños empresarios del IGIC y extiende el tipo cero a productos básicos como sal, mantequilla y café tostado, medidas de consumo que suenan a concesión menor frente al verdadero grueso del gasto: mantener artificialmente bajo el precio del diésel en una economía que debería estar acelerando su transición energética, no subsidiando su dependencia fósil.
@CabLaPalma/X
