A noviembre de 2025, España había recibido 71.370 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 43,8% del total asignado entre transferencias y préstamos, y había validado 264 hitos y objetivos ante la Comisión Europea. Las cifras, que el Gobierno exhibe como prueba de liderazgo en ejecución dentro de la UE, ocultan una realidad menos presentable cuando se desciende al detalle sectorial: la inversión efectiva en infraestructura pública apenas alcanza los 11.619 millones, un 6,7% del compromiso total del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 163.000 millones entre transferencias directas y créditos.
El desfase entre el dinero comprometido y el dinero ejecutado no es un problema contable, sino un indicador de parálisis institucional. En diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la Adenda de Simplificación del Plan, que mantiene el objetivo de ejecutar el 100% de las transferencias, en torno a 80.000 millones, pero rebaja la solicitud de créditos hasta 22.800 millones. La maniobra revela que el propio Gobierno reconoce implícitamente que la capacidad de absorción del sistema es inferior a la planificada. Mientras tanto, los 36.700 millones adicionales de Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027 avanzan con sus propios plazos, generando un efecto de embudo donde múltiples ventanillas europeas convergen sobre una misma administración que carece de la velocidad operativa para procesarlos.
Para las Islas Canarias, donde la dependencia de la inversión pública en infraestructura es proporcionalmente mayor que en la península por la fragmentación territorial y la insularidad, el dato del 6,7% no es una estadística más, sino una sentencia sobre conectividad, competitividad logística y capacidad de diversificación económica. Cada millón no ejecutado en infraestructura portuaria, energética o digital es un millón que no genera retorno en un territorio cuya economía necesita reducir su dependencia del monocultivo turístico. La pregunta que nadie formula en los informes oficiales es si el problema reside en la complejidad normativa de los pliegos de licitación, en la falta de capacidad técnica de las administraciones intermedias o en ambas cosas simultáneamente, un limbo legal donde los fondos existen pero no se materializan.
