El Gobierno de Canarias ha publicado las medidas que está llevando a cabo para moderar los precios del alquiler y aumentar la disponibilidad de vivienda en el archipiélago. La respuesta de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez Valido, remitida por la Consejería de Presidencia a petición del diputado nacionalista Mario Cabrera, subraya que el Ejecutivo ha optado por un “enfoque global” que actúa sobre cuatro ejes: más vivienda disponible, procedimientos urbanísticos más ágiles, mayor seguridad para los propietarios y apoyo a las familias con mayores dificultades.
Todas estas actuaciones se desarrollan bajo el paraguas del decreto ley que declaró la emergencia habitacional y habilita medidas extraordinarias para ampliar y proteger el parque residencial. Según la información aportada por el Instituto Canario de la Vivienda, el Gobierno está impulsando simultáneamente construcción pública, ayudas directas y programas para atraer vivienda vacía al mercado.
Entre las líneas de trabajo más destacadas figuran la construcción de vivienda protegida pública, el Bono Alquiler Joven, las ayudas a la compra para jóvenes, el programa de ayuda al alquiler 2024-2025 -que ya ha beneficiado a más de 8.000 familias- y las subvenciones a promotores privados para incorporar alquiler regulado. A esto se suman proyectos de rehabilitación en municipios pequeños, acuerdos con ayuntamientos para transformar edificaciones en viviendas y el impulso directo de nuevas promociones a través de VISOCAN. Entre ellas, 100 viviendas en Santa Cruz de Tenerife, 6 en Vallehermoso, 8 en San Sebastián de La Gomera y varias más dentro del concurso “Llave en mano”, como 52 en Icod, 58 en La Orotava o 62 en Buenavista del Norte.
El Ejecutivo también recuerda que, además del decreto de emergencia, ha aprobado otro instrumento clave: el Decreto ley 3/2025, orientado a simplificar licencias urbanísticas y favorecer la construcción de vivienda asequible. Paralelamente, la Ley de Presupuestos de 2025 incluye incentivos fiscales para que las viviendas vacías regresen al mercado residencial. A estas herramientas se añade el proyecto CIVICAN, un código de buenas prácticas para mejorar la transparencia en la intermediación inmobiliaria, y el diseño de una bolsa piloto de vivienda vacía, que ofrecerá rehabilitación, garantías de cobro y mediación.
Otra medida en preparación es la Hipoteca Joven Canaria, destinada a facilitar el acceso a la primera vivienda, junto a la ampliación de los usos de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que ahora permite construir viviendas destinadas al alquiler con fondos privados acogidos a este instrumento fiscal.
El Gobierno concluye que Canarias vive una situación de demanda creciente tras 15 años de aumento poblacional, mientras la oferta de vivienda no ha crecido al mismo ritmo. Por ello, sostiene que el objetivo de todas las actuaciones es incrementar el parque residencial disponible y estabilizar los precios del alquiler, garantizando un acceso más justo a la vivienda para la ciudadanía del archipiélago.
