El Gobierno de Canarias ha decidido que el control colegiado es un estorbo para la agilidad política. Según el Boletín Oficial de Canarias de este viernes 27 de marzo, el Ejecutivo de Fernando Clavijo ha delegado en el titular de Economía, Manuel Domínguez, es decir, CC a PP, la competencia exclusiva para autorizar subvenciones directas y convenios con corporaciones locales que superen los 150.000 euros. Bajo el socorrido mantra de la «eficacia administrativa», el decreto 44/2026 elimina de facto el paso previo por el Consejo de Gobierno, permitiendo que las ayudas de cuantía elevada se despachen ahora con una sola firma y sin testigos en la mesa del gabinete.
La maniobra se apoya en el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones, ese cajón de sastre que permite otorgar fondos de forma «excepcional» cuando se acrediten razones de interés público o económico. Al delegar esta facultad, el Gobierno renuncia a supervisar los convenios con Cabildos y Ayuntamientos que superen la barrera de los 150.000 euros, otorgando a la Consejería de Economía una autonomía financiera que resulta, cuanto menos, envidiable para cualquier lobby con línea directa hacia el departamento. En la práctica, se ha creado una vía rápida para la inyección de capital público donde la «excepcionalidad» corre el riesgo de convertirse en la norma de la casa.
El detalle más cínico del decreto reside en su cláusula de rendición de cuentas: la Consejería no tendrá que dar explicaciones al Gobierno sobre el uso de estas competencias delegadas hasta el primer trimestre de 2027. Este generoso paréntesis temporal garantiza un ejercicio 2026 de gestión «opaca a tiempo real», donde las decisiones de gasto de alto impacto solo serán auditadas a toro pasado, cuando los fondos ya hayan sido ejecutados y el rédito político, convenientemente cosechado.
Esta delegación de poderes no es solo un ajuste técnico; es un mensaje claro a los grupos de presión y a las corporaciones locales: el centro de gravedad del presupuesto se ha desplazado. Al eludir el control previo del Consejo de Gobierno para subvenciones nominadas y convenios de gran calado, el Ejecutivo canario debilita los contrapesos internos en favor de una verticalidad que, si bien agiliza el trámite, erosiona la transparencia que debería acompañar al reparto discrecional de dinero público.
