El ‘limbo de la dependencia’ en Canarias -19.500 personas lo conforman- tiene una cara muy amarga, y el Gobierno regional ha confirmado que no piensa ocultar la cifra más dramática del sistema. En una respuesta oficial, el Ejecutivo autonómico ha aceptado utilizar como indicador el número de personas que mueren cada mes mientras esperan a que se tramite su ayuda. Se trata de un dato que hasta ahora funcionaba como un tabú estadístico, pero que la Consejería de Bienestar Social reconoce ya como una herramienta necesaria para evaluar su propio trabajo.
La decisión llega tras una pregunta directa sobre la transparencia en las listas de espera. El Gobierno se defiende explicando que este dato no es algo nuevo, sino que ya lo publica mensualmente el IMSERSO a nivel nacional. Al incorporarlo a sus planes de evaluación, el Ejecutivo admite de forma indirecta que los tiempos de espera actuales son un problema crítico y que la única forma de mejorar es saber cuántos ciudadanos fallecen en Canarias -2202 en 2025- antes de recibir la prestación que les corresponde.
Uno de los puntos clave de esta postura es que se usará la misma vara de medir que en el resto de España. El Gobierno canario insiste en que seguirá la metodología estatal para que las cifras sean rigurosas y se puedan comparar con las de otras comunidades autónomas. Con esto intentan asegurar que no hay ‘maquillaje’ en los datos y que la realidad de las islas se muestra tal cual es, sin trucos en la contabilidad de las listas de espera.
Canarias asume que la transparencia en dependencia ya no es negociable. Al reconocer que el dato de las personas que mueren sin recibir su prestación es público y verificable, el Gobierno se obliga a sí mismo a acelerar una maquinaria administrativa que, durante años, ha ido demasiado lenta para miles de familias canarias que no tienen tiempo que perder.
