El Pleno del Parlamento de Canarias de mañana promete ser tenso. Una de las preguntas clave será la del diputado del Grupo Nacionalista Canario y alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado. La cuestión es clara y contundente: ¿ha obtenido el Ejecutivo canario una respuesta favorable del Gobierno del Estado a su petición de triplicar la inversión destinada a combatir la pobreza en las islas?
Esta iniciativa, lanzada por el Gobierno de Canarias hace meses, surge ante una realidad socioeconómica insostenible: según los últimos datos del informe AROPE, el 31,2% de la población canaria (cerca de 700.000 personas) se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, una cifra que supera en más de cinco puntos la media nacional (25,8%). La situación es aún más dramática entre los menores, con la pobreza infantil afectando a cerca del 40% de los niños, niñas y adolescentes del Archipiélago, el segundo peor dato de todo el país.
El trasfondo de esta pregunta va más allá de la mera fiscalización. CC, desde la oposición, está poniendo en la diana la capacidad negociadora y la lealtad del actual Gobierno autonómico con el Gobierno central en Madrid, liderado por el PSOE y Sumar. Bermúdez busca forzar una respuesta pública sobre el resultado de estas gestiones. Una respuesta negativa de la consejera expondría un presunto fracaso en una de las prioridades sociales, mientras que una afirmativa sería una victoria política de la que el Ejecutivo no ha alardeado. El debate pondrá en la balanza las cifras de la última Encuesta de Condiciones de Vida y la gestión de fondos estatales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Los expertos en finanzas autonómicas canarias señalan que, si bien la necesidad de una mayor inversión social es innegable, triplicar la dotación es un objetivo ambicioso. El Gobierno central siempre ha aducido que los mecanismos de financiación y las partidas ya existentes, como las destinadas a políticas activas de empleo o la financiación de servicios sociales básicos, ya cubren una parte sustancial de la demanda. Sin embargo, las altas tasas de pobreza evidencian que los recursos actuales son, a todas luces, insuficientes para una comunidad que necesita un tratamiento específico.
La respuesta de la consejera, por tanto, no será solo técnica, sino eminentemente política. Deberá pivotar entre la defensa de las gestiones realizadas ante Madrid -posiblemente citando aumentos marginales o partidas específicas- y la ratificación de la necesidad de un mayor compromiso estatal. La pregunta de Bermúdez se convierte así en un elemento de presión clave que buscan capitalizar el descontento social por la precariedad y obligando al Ejecutivo a retratarse sobre la eficacia de su interlocución con el Estado en un tema tan vital como la lucha contra la pobreza.
