Si el Parlamento de Canarias fuera un partido de tenis, la diputada Alicia Vanoostende acaba de presenciar el peloteo más largo de la legislatura. A su pregunta sobre qué acciones se están tomando para proteger los espacios naturales de la saturación turística, la Consejería de Transición Ecológica ha respondido con un lacónico: «No es nuestra competencia». Un portazo administrativo que ha obligado a la Consejería de Turismo a saltar a la cancha para, paradójicamente, terminar señalando a los Cabildos como los verdaderos responsables del caos.
En una respuesta cargada de intención, la Consejería de Turismo y Empleo admite un secreto a voces que avergüenza a la administración canaria: una parte importante de los parques naturales, rurales y reservas del archipiélago carecen de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) exigidos por ley.
Es la tormenta perfecta: tenemos leyes de espacios naturales desde los años ochenta, pero décadas después, la falta de estos instrumentos genera una inseguridad jurídica que impide controlar accesos o sancionar usos indebidos. La respuesta oficial de Turismo es un dardo directo a los Cabildos Insulares (competentes desde 2017) y al propio Gobierno autonómico, recordándoles que las competencias son «irrenunciables» y que no se puede usar la «falta de recursos» como una excusa eterna para no actuar.
Timanfaya como modelo frente al populismo de la ecotasa
El informe entra de lleno en el barro del debate sobre la ‘ecotasa’, un término que, según la Consejería, se ha utilizado sin rigor técnico. En su lugar, el Gobierno saca pecho con el ‘modelo Timanfaya’: que el visitante pague una tarifa directa por servicio y prestación que revierta en la conservación.
Para el Ejecutivo de Clavijo, el problema no es el turismo per se, sino la falta de disciplina. La tesis es clara: es más fácil culpar al turista de la saturación que admitir que no se están aplicando los mecanismos de vigilancia y autoridad en el territorio. Según el documento, el turismo a menudo «sirve para ocultar problemas estructurales más profundos» de una administración que no ejerce sus poderes.
La paradoja de las ocho islas y el déficit de gestión
El tono del escrito sube de intensidad al pedir que se eviten discursos que presenten al turismo como «un problema» para encubrir la «ausencia de modelos territoriales». Es, en esencia, una bofetada dialéctica a los movimientos sociales que exigen límites al crecimiento: el Gobierno sostiene que el problema no es que vengan muchos, sino que los que tienen que mandar (Cabildos y Transición Ecológica) no han hecho los deberes en cuarenta años.
Las tres claves de la no gestión:
- Planificación: muchos parques operan en el vacío legal sin planes de uso.
- Gestión: el sistema de cobro por entrada (estilo Timanfaya) sigue sin extenderse a otros puntos críticos.
- Disciplina: se admite una falta de autoridad para sancionar el uso masivo e indebido de entornos frágiles.
La respuesta es el retrato fiel de una administración fragmentada. Mientras Transición Ecológica se lava las manos y Turismo señala a los Cabildos, el suelo de los espacios protegidos se sigue erosionando. El documento confirma que Canarias tiene un exceso de leyes y una carencia absoluta de ejecución. El «romance apasionado» con el cine en Berlín o los 35 millones para vertederos parecen fuegos artificiales frente a la cruda realidad de este informe: el patrimonio de la humanidad en las islas está en manos de instituciones que se pasan la responsabilidad como una papa caliente.
