Los consistorios serán los protagonistas de la aplicación de la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, cuyo despliegue real comienza este enero. La norma, aprobada por el Parlamento de Canarias en noviembre de 2025, transfiere a los ayuntamientos la carga decisiva de definir dónde y en qué condiciones puede operar el alquiler vacacional en cada municipio, un reto que ha suscitado tanto apoyo como críticas entre los gobiernos locales y la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
La clave de la ley está en su enfoque municipalista: sin un planeamiento urbanístico adaptado que delimite zonas y condiciones específicas, los ayuntamientos no podrán conceder nuevas autorizaciones para viviendas turísticas, lo que equivale a un moratorio tácito en muchos municipios. Además, la obligación de elaborar y ejecutar planes de inspección y control recae directamente sobre los técnicos locales, con plazos ajustados y funciones que antes se interpretaban como de ámbito autonómico.
Esta transferencia de competencias no ha pasado desapercibida en FECAM, que ha expresado preocupación sobre la carga administrativa y la falta de apoyo técnico y económico para hacer frente a la nueva responsabilidad. La federación sostiene que, sin simplificación de trámites y mayor co-gobernanza entre niveles -local, insular y autonómico- los consistorios podrán verse desbordados y con escasa capacidad real de inspección y gestión eficaz.
Entre las voces más críticas del ámbito local destaca la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ha reclamado al Gobierno de Canarias «medidas correctoras concretas» para que los ayuntamientos y pequeños propietarios puedan cumplir con las exigencias de la ley sin generar inseguridad jurídica o costes insostenibles. Según Bueno, la norma impone «requisitos inasumibles» para muchos municipios, con cargas que ni la propia administración regional ni los cabildos han abordado en más de una década.
El debate refleja un punto de tensión más profundo: mientras el Ejecutivo autonómico ajusta el marco legal buscando un equilibrio entre acceso a la vivienda y desarrollo turístico, los gobiernos locales se encuentran en la primera línea de la implementación, con recursos, personal técnico y herramientas normativas que varían mucho de un municipio a otro. Para algunos ayuntamientos pequeños, avanzar en la aprobación de planes generales adaptados o en ordenanzas específicas puede ser un desafío técnico y político considerable.
A medida que 2026 arranque formalmente, la mirada estará puesta en cómo los ayuntamientos traducen la ley en decisiones urbanísticas concretas, si cuentan con los apoyos necesarios y si se logra evitar que esta fase de aplicación derive en menor certidumbre para propietarios y operadores. En definitiva, la sostenibilidad del modelo turístico -y la convivencia con el derecho a la vivienda- está ahora en manos de las corporaciones locales, que deberán equilibrar expectativas, oportunidades económicas y demandas ciudadanas con la hoja de ruta legislativa aprobada por el Parlamento.
