
El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una estrategia para facilitar el acceso a la vivienda a las familias de rentas medias en el archipiélago, un colectivo que hasta ahora quedaba excluido de las ayudas públicas por superar los umbrales de ingresos, pero que tampoco puede afrontar los precios del mercado libre. A través de una respuesta parlamentaria, el Gobierno ha detallado las medidas normativas que buscan ampliar la oferta de alquiler asequible y dar seguridad habitacional a hogares que perciben hasta 3.000 euros mensuales.
La pieza central de este plan es la creación de las viviendas asequibles incentivadas, una figura introducida mediante el Decreto ley 3/2025 que moviliza inmuebles de titularidad privada para fines sociales. Estas viviendas se destinarán exclusivamente a residencia habitual con precios limitados y bajo un estricto control público que prohíbe de forma expresa su uso como vivienda vacacional. Con esta fórmula, la Administración busca incorporar oferta al mercado de manera ágil, garantizando rentas estables por un periodo mínimo de diez años.
Para que esta medida sea efectiva, el Gobierno ha modificado los límites de ingresos, elevando el umbral de acceso de cuatro a cinco veces el IPREM. Este ajuste técnico es fundamental, ya que permite que unidades de convivencia con rentas medias, que antes no podían acceder a las viviendas protegidas, se conviertan ahora en posibles beneficiarias. Esta ampliación asegura que el sistema de protección social se adapte a la realidad económica actual del archipiélago, cubriendo a familias con ingresos mensuales aproximados de 3.000 euros.
En paralelo a la normativa, el Instituto Canario de la Vivienda y la empresa pública VISOCAN mantienen activos diversos proyectos de construcción y ejecución de inmuebles en distintas fases. Estas promociones se adjudicarán en función de las necesidades detectadas en cada municipio, pudiendo destinarse tanto al régimen especial como al general de alquiler asequible. El objetivo es que la construcción de obra nueva acompañe a las medidas de incentivación del sector privado para crear un parque público sólido.














