El Ayuntamiento de Adeje ha aprobado una nueva ordenanza municipal que replantea de manera integral la regulación de la circulación, la movilidad sostenible, el estacionamiento y la convivencia en el espacio público. La iniciativa responde a problemas recurrentes —patinetes circulando por aceras, autocaravanas convertidas en campamentos improvisados y uso irregular de plazas reservadas— que la normativa anterior ya no resolvía con eficacia.
La norma introduce medidas concretas sobre los denominados vehículos de movilidad personal (VMP). Entre las disposiciones más visibles figura la prohibición expresa de circular por las aceras, la fijación de una edad mínima para su uso y la prohibición de transporte de dos personas a la vez, así como la prohibición de usar auriculares mientras se conduce. Con ello, el Consistorio pretende restablecer la primacía del peatón y reducir conflictos en los espacios compartidos.
El texto extiende obligaciones a las empresas de alquiler que operan en el municipio: deberán obtener autorización municipal, cumplir condiciones específicas, informar a los usuarios sobre las normas de circulación y contratar seguros adecuados. La medida busca crear un marco de responsabilidad y transparencia sin criminalizar la innovación tecnológica.
En materia de accesibilidad, la ordenanza pone el foco en las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Solo será válida la acreditación expedida por la administración autonómica competente; el objetivo es evitar fraudes que vulneran derechos ajenos y garantizar el acceso a quien realmente lo necesita. El Ayuntamiento ha previsto un plazo de adaptación para las situaciones preexistentes que no cumplan los nuevos requisitos.
Sobre las autocaravanas y vehículos camper, la norma distingue claramente entre estacionar y acampar. Estacionar queda permitido siempre que el vehículo no ocupe más espacio del propio y no cause molestias al entorno; desplegar toldos, mesas o elementos auxiliares —la acampada— queda prohibido. Esta precisión dota a la Policía Local de herramientas jurídicas para sancionar conductas que antes quedaban en un limbo normativo.
La ordenanza también actualiza aspectos administrativos: clasificación de vados por duración y ubicación, regulación más precisa de zonas de carga y descarga, tarjetas municipales para vehículos autorizados y un marco específico para la grúa y el depósito municipal que regula inmovilizaciones, abandono y precintos.
Desde una perspectiva liberal, estas medidas pueden interpretarse como un esfuerzo por proteger los derechos individuales —el derecho del peatón a un espacio público seguro, el derecho de la persona con discapacidad a accesos reservados— mediante reglas claras y limitadas que promuevan responsabilidad y seguridad sin imponer controles administrativos excesivos. La intervención pública, en este marco, se justifica cuando preserva la libertad de unos frente a la agresión de otros.
No obstante, la efectividad de la norma dependerá de su implementación: proporcionalidad de las sanciones, transparencia en las autorizaciones y control de costes para operadores y usuarios. La nueva regulación abre la puerta a debates sobre cómo conciliar turismo, emprendimiento y orden público en municipios costeros.
En definitiva, Adeje busca un equilibrio entre libertad de movilidad y responsabilidad compartida, dotando de certeza jurídica a situaciones que se habían vuelto conflictivas. El reto que ahora afronta el municipio es aplicar la norma con criterio, garantizando seguridad y previsibilidad sin ahogar la iniciativa privada ni penalizar el uso legítimo del espacio público.
