En los últimos meses, el acoso escolar a menores con discapacidad ha vuelto a situarse en la agenda social y educativa de Canarias, con datos y casos que reflejan una realidad preocupante: la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional frente a la violencia entre iguales. Este jueves, se reunió la comisión sobre discapacidad del Parlamento de Canarias. En la misma, el consejero de Educación, Poli Suárez, expresó la preocupación del Gobierno canario por una situación que requiere actuaciones urgentes.
Canarias se ha situado entre los territorios con mayor número de incidentes de ‘bullying’ dirigidos a menores con discapacidad, con 179 casos registrados en cuatro meses, muchos de ellos en el contexto escolar. Esta cifra, destacada en medios autonómicos, coloca al Archipiélago entre los primeros lugares del mundo en este tipo de situaciones documentadas. Aunque no todos los casos se producen exactamente dentro del aula, la atención mediática y las investigaciones muestran que el entorno escolar es un foco principal donde se manifiesta este tipo de acoso.
Videos virales y denuncias judiciales
Un caso reciente ocurrió en Gran Canaria, donde un video que se viralizó en redes sociales mostró a un menor siendo acosado por otros compañeros. La Policía Nacional investiga los hechos tras la denuncia de los padres, y los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) están indagando posibles delitos de acoso escolar.
Estos videos virales no solo ponen en evidencia el comportamiento agresivo, sino también la normalización de la burla y la grabación de los actos por parte de otros alumnos, lo que agrava la situación al convertir la escena en un producto digital compartido.
Además de los casos virales, se ha conocido la denuncia de una madre en Tenerife que asegura que su hija de 11 años sufrió acoso escolar, y que el centro educativo minimizó los hechos como “cosas de niña”, sin activar protocolos de prevención o intervención adecuados. Este tipo de testimonios reflejan una percepción extendida entre familias de que no siempre se aplican de forma efectiva los protocolos de convivencia y de actuación frente al acoso, especialmente cuando se trata de menores con necesidades específicas de apoyo educativo.
Mientras los datos de acoso específico a menores con discapacidad son objeto de investigación, cifras más generales indican que en Canarias se ha registrado una reducción general de casos de bullying en los últimos cursos, con una caída del 31% en incidencias reportadas en el ciclo escolar 2023-2024. Sin embargo, estas cifras agregadas no reflejan necesariamente la realidad de las situaciones graves de acoso que padecen algunos estudiantes con discapacidad, pues los promedios pueden ocultar patrones de violencia más severa para un subgrupo de víctimas.
Estudios amplios fuera de Canarias señalan que hasta 8 de cada 10 alumnos con discapacidad han sufrido acoso escolar en algún momento, y que la incidencia es mayor en entornos de educación ordinaria.
Respuestas y medidas educativas
La Consejería de Educación de Canarias ha venido trabajando en protocolos de convivencia y en la activación de recursos de bienestar escolar. La expansión de coordinadores de protección al alumnado en centros públicos ha sido uno de los pasos para mejorar la detección y atención de casos de bullying, aunque las familias demandan medidas más contundentes y rápidas de respuesta, especialmente cuando se trata de estudiantes con discapacidad.
Los casos recientes de acoso a menores con discapacidad en Canarias ponen de manifiesto que el problema va más allá de cifras generales y requiere una atención especializada, protocolos eficaces y una respuesta educativa y social robusta. La combinación de visibilidad mediática y presión de las familias está impulsando una reflexión más amplia sobre cómo proteger mejor a las víctimas y garantizar entornos escolares seguros y respetuosos para todos.
