La agencia Standard & Poor’s ha confirmado la calificación crediticia de la Comunidad Autónoma de Canarias en A+ con perspectiva estable, una nota que sitúa al archipiélago entre las regiones con mejor perfil de solvencia dentro del sistema autonómico español. El informe, publicado en las primeras semanas de abril de 2026, dibuja una arquitectura financiera que, sobre el papel, resulta difícil de impugnar: el nivel de endeudamiento se situó en el 58% de los ingresos operativos al cierre de 2025, el más bajo entre todas las comunidades de régimen común, con una trayectoria de descenso proyectada hasta 2028. El equilibrio operativo superó el 5% de los ingresos, y las reservas de efectivo rebasan el 100% del servicio de deuda, lo que la propia agencia califica como una posición de liquidez «excepcional».
Lo relevante no es solo la nota en sí, sino lo que revela sobre la estructura de incentivos del sistema de financiación autonómica. El perfil crediticio independiente de Canarias, es decir, la evaluación de su fortaleza sin considerar el paraguas del Estado, se sitúa en aa-, un escalón por encima de la calificación final. Dicho de otro modo: S&P considera que la disciplina fiscal del Gobierno autonómico es superior a lo que su nota refleja, pero el marco institucional español, con su complejo sistema de transferencias y dependencias del Tesoro central, actúa como un techo de cristal que impide que esa solidez se traduzca plenamente en una mejor valoración. Es una paradoja que merece atención: la comunidad más solvente del régimen común está, en cierto sentido, penalizada por pertenecer a un sistema donde otras regiones no lo son tanto.
La pregunta que S&P no formula, pero que cualquier observador debería hacerse, es qué hará Canarias con esa holgura fiscal. Los superávits operativos sólidos y los presupuestos equilibrados son condiciones necesarias, pero no suficientes para transformar una economía que sigue dependiendo en un 35% del turismo. La solvencia no es un fin en sí mismo; es una herramienta. Y el margen que otorga la nota A+ para acceder a mercados financieros en condiciones favorables solo tiene sentido si se canaliza hacia inversión productiva que diversifique la base económica del archipiélago, algo que, hasta la fecha, sigue siendo más un objetivo declarado que una realidad mensurable.
