El Gobierno de Canarias se plantea dar un paso inédito en política sanitaria y demográfica: crear un banco público de óvulos y espermatozoides que permita a las islas garantizar su soberanía reproductiva frente al envejecimiento poblacional y la dependencia de clínicas privadas o de bancos genéticos peninsulares y extranjeros.
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, avanzó este martes en el Parlamento autonómico que el Servicio Canario de la Salud (SCS) está valorando esta posibilidad ante el constante incremento de la edad media de las mujeres gestantes, que se sitúa actualmente entre 32 y 33 años. “Tenemos el interés de crearlo, aunque su gestión no es sencilla. No solo recibiría donaciones locales, sino que sería necesario adquirir gametos en la península y en otros países”, explicó Monzón.
La consejera defendió que el SCS cuenta con infraestructuras y experiencia acumulada en las unidades de reproducción asistida del Hospital Universitario de Canarias (HUC), el Materno Infantil de Gran Canaria y La Candelaria (Tenerife), lo que podría “servir de base para este proyecto estratégico”.
Durante el debate, promovido por la diputada Jana González (Coalición Canaria), Monzón coincidió con los grupos en que el “invierno demográfico” que sufre el archipiélago —con una caída de nacimientos del 2,4% en 2024 y del 1,8% en 2023— constituye un desafío estructural. Canarias tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa (1,02 hijos por mujer) y un 22% de su población mayor de 65 años, según datos del ISTAC.
La diputada González defendió la creación del banco público de ovocitos como “una medida de justicia sanitaria”, y pidió ampliar el acceso a técnicas de reproducción asistida hasta los 45 años, al tiempo que reclamó apoyo psicológico, cobertura de pasajes a mujeres de islas no capitalinas y “combatir el mantra” de que los resultados son mejores en la sanidad privada. “Las mujeres canarias sabemos que ser madre es una opción, no una obligación, y el retraso de la maternidad no es una moda”, subrayó González.
Otros grupos coincidieron en reclamar una estrategia integral de natalidad. Raúl Acosta (AHI) propuso un “potente cheque bebé”, transporte escolar gratuito y teletrabajo para gestantes en zonas rurales. Jesús Ramos (ASG) abogó por incentivos fiscales y “empleo estable y digno”, mientras Mónica Muñoz (PP) pidió “acompañar, no presionar” a las mujeres que desean ser madres, destacando el modelo madrileño como ejemplo.
Por contra, Nicasio Galván (Vox) vinculó el debate al aborto y a la atención a menores migrantes, mientras Yone Caraballo (Nueva Canarias) y Miguel Ángel Pérez del Pino (PSOE) reprocharon a CC “obviar la raíz del problema”: la falta de vivienda asequible, la precariedad y la desigualdad. “Con una de las tasas de pobreza más altas del Estado, ya me dirán quién se atreve a tener un hijo”, ironizó Caraballo.
Monzón cerró su intervención apelando a la responsabilidad colectiva: “Como madre y como mujer, entiendo el deseo de estabilidad antes de dar el paso. Pero el tiempo biológico no espera, y el Estado debe estar al lado de las mujeres, no detrás”. Si el proyecto se materializa, Canarias sería la primera comunidad española con un banco público de gametos, una infraestructura que el Gobierno regional considera “clave para su soberanía sanitaria y demográfica” en un contexto de declive poblacional y dependencia externa.
