La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ejecutará en 2026 un presupuesto de 386,7 millones de euros, un 5,12% más que el ejercicio anterior. Las prioridades: el refuerzo del sistema judicial y el despliegue territorial de la Policía Autonómica en todas las islas. Sin embargo, mientras el Ejecutivo regional defiende un plan «equilibrado y realista», la oposición lo considera un presupuesto «inmovilista» y carente de visión modernizadora para la administración pública.
La consejera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) defendió en comisión parlamentaria unas cuentas “centradas en la seguridad pública, la eficacia administrativa y la cohesión territorial”, con un fuerte incremento de recursos para la Policía Canaria, cuya partida crece un 21,3% hasta 28,16 millones de euros. El objetivo: culminar su despliegue en las ocho islas y fortalecer la coordinación con los cuerpos locales.
La Academia Canaria de Seguridad también experimentará un salto presupuestario -un 103,5% más, hasta los 4,7 millones- destinado a ampliar instalaciones y reforzar los procesos de formación y selección de agentes autonómicos y locales.
Más de la mitad del presupuesto -210,38 millones de euros (56,7%)- se asignará al área de Justicia, que crece un 6,29% respecto al año anterior. Incluye gastos de funcionamiento (arrendamientos, limpieza, seguridad) y la asistencia jurídica gratuita, que recibirá 24 millones. Entre las obras prioritarias figuran el Palacio de Justicia de Fuerteventura, el edificio judicial de Santa Cruz de La Palma, San Bartolomé de Tirajana y el Auditorio judicial de Santa Cruz de Tenerife.
El Ejecutivo regional también destinará 52,5 millones a la recuperación de La Palma, de los cuales 50 millones irán a compensaciones por la erupción volcánica de 2021 y casi 2 millones a la oficina de atención a los afectados, manteniendo uno de los compromisos sociales más visibles de la legislatura.
Las cifras no convencen a la oposición
La diputada socialista Rosa Bella Cabrera calificó las cuentas de “ejercicio contable sin proyecto transformador”, criticando el “incremento del gasto en personal sin resultados en eficiencia” y la “dotación marginal” para memoria democrática.
Desde Nueva Canarias–Bloque Canarista, Carmen Hernández denunció la falta de una estrategia real de modernización administrativa, subrayando el riesgo de “una administración envejecida, lenta e ineficaz”.
En contraste, Jana González (Coalición Canaria) celebró un presupuesto que considera “la sala de máquinas del servicio público”, destacando el “compromiso tajante” con la reconstrucción palmera y el despliegue policial.
Mónica Muñoz (Partido Popular) defendió el plan como una “expresión clara de prioridades” y una hoja de ruta “equilibrada y coherente”.
Por su parte, Paula Jover (Vox) cuestionó el aumento del gasto “político”, especialmente los 40 millones destinados al Parlamento, y criticó la expansión de la Policía Autonómica, que considera innecesaria.
Desde la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos respaldó las cuentas por centrarse en la “calidad de los servicios públicos y la seguridad ciudadana”.
Finalmente, Raúl Acosta (AHI) reclamó una visión “más territorial y equitativa” para que las inversiones lleguen con justicia a todas las islas, especialmente a las más periféricas.
