El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, compareció ayer ante el Parlamento autonómico para detallar las cuentas de su departamento para 2026, que registrarán un aumento del 0,94% respecto al ejercicio anterior. “Yo tengo que solucionar un problema de emergencia hídrica”, subrayó, al presentar un presupuesto que calificó como “social, de gestión y de territorio”, centrado en “poder hacer cosas” y “optimizar los recursos” disponibles.
Miranda explicó que su consejería tiene por delante la ejecución de 111 millones de euros en inversiones reales distribuidas en los distintos programas de la Sección 09 del presupuesto autonómico, con actuaciones que afectan a todas las islas. “No es un presupuesto para la inercia —afirmó—, sino para activar soluciones en agua, en cohesión territorial y en planificación”.
Entre los proyectos más destacados figuran los del Servicio de Aguas, que pasa de 24,5 a 28 millones de euros, con incrementos significativos en los programas de Investigación y gestión en materia de aguas (de 2,7 a 5,6 millones) y de Recursos hidráulicos (de 0,9 a 4,8 millones). Miranda destacó que estas partidas “serán esenciales para asegurar la resiliencia hídrica de islas como La Gomera, El Hierro o Fuerteventura”, donde se financiarán obras como:
Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora de la desaladora de Valle Gran Rey, en La Gomera, con una inversión de un millón de euros, destinada a garantizar el suministro en los núcleos costeros y reforzar la capacidad de producción en periodos de alta demanda. En El Hierro, el Gobierno de Canarias contempla una partida de 300.000 euros para el depósito de Artero, en Frontera, una obra clave para el refuerzo del almacenamiento y la estabilidad de la red de abastecimiento insular, especialmente en zonas de difícil acceso.
Por su parte, el abastecimiento de La Graciosa contará con 1,5 millones de euros, una inversión de alto impacto para asegurar un servicio estable y de calidad en la octava isla, reduciendo la dependencia logística desde Lanzarote. Finalmente, el programa de optimización de la distribución y almacenamiento del agua en varias islas dispondrá de 940.537 euros, orientados a la modernización de depósitos, conducciones y sistemas de control, con el objetivo de minimizar pérdidas y mejorar la eficiencia energética en el ciclo hidráulico.
El programa de Mejora de la calidad del agua, con 17,5 millones de euros, incluirá proyectos de alto impacto como la ampliación de la EDAR de Puerto del Rosario (1 millón), el saneamiento de La Graciosa (1 millón), el encauzamiento del barranco de Vallehermoso (2,7 millones) y la depuradora de Yaiza en Lanzarote (100.000 euros). El consejero también puso énfasis en la modernización del planeamiento territorial —a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio—, con 6,2 millones de euros para programas de apoyo a cabildos y ayuntamientos, la digitalización del registro de planeamiento y la actuación en el SAU 8 Majanicho (1,33 millones en La Oliva, Fuerteventura).
En materia de emergencias, la Dirección General competente gestionará 1,06 millones de euros, con inversiones en seguridad en playas (160.000 euros), sistemas de información geográfica (50.000 euros) y vehículos de protección civil (241.994 euros). Miranda subrayó también la importancia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU), que aportará 7,4 millones de euros adicionales, principalmente al PERTE Digital del Ciclo del Agua (2,3 millones) y al Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 habitantes (4,5 millones).
“Tenemos una estrategia clara: planificar, ejecutar y garantizar el agua como derecho y como base de desarrollo. La emergencia hídrica no puede esperar”, concluyó Miranda ante los diputados, reivindicando un presupuesto “coherente con la realidad climática y social del Archipiélago”. El conjunto de la Sección 09 —Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas— asciende a 43,8 millones de euros, frente a los 36,7 millones del año anterior, reflejando el compromiso del Ejecutivo autonómico con la planificación sostenible y la seguridad hídrica de Canarias.
