Cuando el diputado Raúl Acosta preguntó en qué se iba a gastar Canarias los fondos extraordinarios del Estado para la crisis migratoria, esperaba proyectos, nombres de programas y planes de futuro. La respuesta que le ha devuelto el Gobierno es un baño de realidad contable: el dinero no va a grandes estrategias de integración, va a pagar el supermercado, el alquiler y la factura de la luz. Canarias no está diseñando un modelo de acogida; está intentando que no le corten los suministros básicos mientras gestiona una emergencia que ya es estructural.
El negocio de la urgencia: 50 millones que no cubren el agujero
Esta dependencia del gasto corriente cobra una dimensión crítica cuando se le pone cifra: el Estado ha transferido 50 millones de euros extraordinarios para intentar que el sistema de acogida no salte por los aires, pero la realidad es que esa cantidad es un simple parche. Según las estimaciones de la Consejería, el coste real de mantener a los más de 5.500 menores tutelados ya supera los 150 millones anuales, lo que deja un agujero de 100 millones que las islas deben cubrir a pulmón. Al tramitarse como fondos de «emergencia», la fiscalización se relaja y el grueso del dinero acaba en adjudicaciones directas para catering, seguridad privada y unos alquileres de inmuebles que nunca pasan a ser patrimonio público. Canarias, en definitiva, paga precio de lujo por una logística de supervivencia que se traga los fondos estatales antes de que lleguen a los proyectos de integración.
El documento que la Consejería de Hacienda ha enviado al Parlamento es una confesión de asfixia. En lugar de centros de formación o convenios de inserción laboral, la lista de prioridades la ocupan los «arrendamientos», las «pequeñas reparaciones», el agua y el gas. Es la economía de un hospital de campaña. Los millones que llegan de Madrid se evaporan en gastos corrientes: comida, ropa, traductores y abogados. Canarias está usando los fondos de emergencia para cubrir los agujeros de un sistema de protección de menores que vive al día, sin margen para otra cosa que no sea la supervivencia pura.
La trampa de estos fondos extraordinarios es que se consumen en lo que los economistas llaman «gasto no inventariable». Es decir, dinero que se gasta y desaparece. Al reconocer que las partidas estatales se destinan a pagar internet, mensajería, seguros y sueldos de personal, el Gobierno admite que el andamiaje que sostiene a los menores no acompañados es frágil. Si el flujo de caja desde Madrid se detiene un solo mes, el sistema se colapsa. No se están creando infraestructuras propias que queden para el archipiélago; se está pagando el mantenimiento de un motor que echa humo por los cuatro costados.
Esta dependencia total para pagar hasta el combustible de los centros deja en el aire las grandes promesas de «transición a la vida adulta» o «desarrollo personal» de los menores. En el papel suenan bien, pero en la respuesta oficial son apenas una coletilla después de una larga lista de gastos en telefonía y reparaciones de fontanería. La prioridad absoluta del Ejecutivo canario ahora mismo es logística: que haya un techo, que haya comida y que las pólizas de seguros estén al día. La integración real, esa que evita la exclusión social a largo plazo, parece hoy un lujo que el presupuesto no se puede permitir.
La contestación del Gobierno es, en el fondo, un grito de auxilio a Bruselas y a Madrid. Canarias ha agotado su capacidad de ahorro y está utilizando el dinero excepcional para tapar huecos ordinarios que deberían estar en el presupuesto base de la Comunidad. El «asunto delicado» del que se habla en los pasillos de Presidencia no es solo la llegada de barcazas, sino el hecho de que la paz social de las islas depende de que el Estado siga pagando los recibos del gas de los centros de acogida.
En definitiva, la gestión migratoria en las islas se ha convertido en una administración de facturas. Mientras el debate político vuela alto sobre el reparto de cuotas entre comunidades, la realidad a ras de suelo es una lucha burocrática por justificar gastos de desplazamiento y dietas de manutención. El futuro de la acogida en Canarias no se decide en un plan estratégico de integración, sino en la capacidad de Hacienda para que el dinero de los «recursos extraordinarios» llegue antes de que venza el próximo contrato de alquiler.
