Mientras los focos mediáticos se distraen con TikToks en pasillos de supermercados, la maquinaria legislativa de Teobaldo Power sigue su curso, aunque sea para certificar que la excepcionalidad de La Palma ha venido para quedarse. La Mesa del Parlamento, en su reunión de este martes, ha dado el visto bueno al dictamen del Consejo Consultivo sobre el decreto ley que pretende estirar, una vez más, el tipo cero del IGIC para las operaciones vinculadas a la reconstrucción volcánica.
Este Decreto Ley del Gobierno de Canarias entra en una fase decisiva de su tramitación parlamentaria. Tras recibir el preceptivo dictamen del órgano consultivo, la Mesa ha ordenado remitir el texto tanto al Ejecutivo como a los grupos parlamentarios para que comiencen las hostilidades -o los consensos- en sede de comisión. Lo que sobre el papel es un trámite administrativo, en la práctica es el reconocimiento de que la recuperación de la Isla Bonita sigue dependiendo de un respirador fiscal que el Gobierno se resiste a desconectar.
El laberinto del Consultivo y la urgencia permanente
El dictamen del Consejo Consultivo, pieza clave para que la Mesa haya acordado continuar con la tramitación, funciona como el aval jurídico necesario para una norma que nace con carácter de urgencia. Según el acuerdo firmado por el Secretario General, Salvador Iglesias Machado, el texto oficial ya está en manos de los diputados y de la diputada no adscrita, marcando el inicio del cronómetro legislativo en este arranque de 2026.
El hecho de que en 2026 sigamos tramitando ampliaciones del IGIC cero para La Palma demuestra que los plazos de reconstrucción previstos inicialmente eran, cuando menos, optimistas. El Gobierno de Canarias parece haber encontrado en la exención fiscal su zona de confort para evitar debates más profundos sobre la inversión directa.
La celeridad con la que la Mesa ha dado trámite al acuerdo del 13 de enero sugiere que ningún grupo parlamentario quiere ser el que ponga trabas a un alivio fiscal en la isla, aunque esto suponga seguir gobernando a golpe de decreto ley en lugar de mediante una planificación presupuestaria ordinaria.
Este Decreto Ley es el ejemplo perfecto de cómo las medidas excepcionales terminan integrándose en la arquitectura fiscal canaria de forma indefinida. Mientras la tramitación sigue adelante, el contribuyente palmero respira, pero el sistema financiero autonómico se pregunta cuánto tiempo más podrá sostenerse una reconstrucción que se fía, en gran parte, a dejar de recaudar.
