La distribución del gasto en subvenciones directas del Gobierno de Canarias durante el ejercicio 2022, el periodo central del pacto de legislatura entre PSOE, NC, ASG y Podemos, revela las prioridades políticas y las tensiones en la ejecución de los fondos: 35,5 millones de euros no constan publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Un informe oficial de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de noviembre de 2025 expone que se concedieron 9.485 subvenciones directas por un total de 274,5 millones de euros, siendo la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda (liderada por el PSOE) la que acaparó el mayor volumen de ayudas, mientras que la ejecución del gasto en el sector social generó las mayores opacidades contables.
El ranking de las subvenciones concedidas muestra una clara orientación hacia la inversión y el estímulo económico post-pandemia. Liderando la tabla se encuentra la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (49,05 millones de euros) y le siguió la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, con 47,83 millones de euros. Ambos pilares del gobierno de coalición. El top 5 se completa con Turismo, Industria y Comercio (38,50 millones), Transición Ecológica (33,60 millones), y Agricultura, Ganadería y Pesca (30,92 millones). Estas cifras confirman que la mayor cuantía de las ayudas se canalizó a través de los departamentos clave para la infraestructura y la gestión de la financiación europea destinada a la modernización y la resiliencia insular.
El informe de la Audiencia de Cuentas no solo revela el volumen de gasto, sino las deficiencias en la transparencia de la ejecución, un punto que será de sumo interés para la fiscalización europea. Se observa una desviación de 35,5 millones de euros en obligaciones reconocidas que no constan publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
La mayor diferencia se registra en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud (con una desviación de 12,80 millones de euros), seguida por Agricultura, Ganadería y Pesca (9,52 millones de euros). Esta falta de publicación de las concesiones en el BOC para grandes cantidades de gasto social y primario pone en entredicho el cumplimiento del Art. 31 de la Ley de Transparencia, dificultando el seguimiento ciudadano y regulatorio del gasto.
El análisis también critica el uso generalizado de la subvención directa, un mecanismo que, por ley, tiene carácter excepcional y solo debe aplicarse por razones de interés público, social o económico que dificulten la concurrencia. El informe destaca que el 47% de las obligaciones reconocidas por subvenciones en 2022 fueron concedidas de forma directa, y de ellas, el 52% se catalogaron como de interés público.
Esta elevada dependencia de la discrecionalidad política para la concesión de fondos será una de las áreas de escrutinio clave, obligando al Gobierno de Canarias a justificar la excepcionalidad de más de 320 millones de euros canalizados por esta vía, frente al procedimiento de concurrencia competitiva.
