El Gobierno de Canarias rompe con tres décadas de silencio legislativo para blindar sus bosques. Con un Anteproyecto de Ley que introduce el uso de IA para vigilar pinos y la creación de un nuevo entramado de agencias, el archipiélago busca su propia «soberanía forestal» frente al cambio climático. Hasta ahora, Canarias era una de las pocas comunidades sin una ley de montes propia, dependiendo directamente de la normativa estatal de 2003. Con el nuevo Anteproyecto de Ley de Montes de Canarias, el Ejecutivo regional no solo adapta la norma a sus «singularidades volcánicas», sino que lanza un órdago tecnológico para gestionar el 2026.
En una apuesta por la vanguardia digital, la ley promueve el uso de inteligencia artificial para el seguimiento, evaluación y planificación forestal. El objetivo: que los algoritmos ayuden a predecir incendios o detectar plagas antes que el ojo humano. Olviden la gestión simplificada. La ley crea una arquitectura de poder nueva: el Comité Forestal de Canarias y la Oficina Técnica Forestal. Estos órganos serán los encargados de coordinar el complejo baile de competencias entre el Gobierno, los siete Cabildos Insulares y los Ayuntamientos.
La ley redefine el concepto de «monte» para adaptarlo a la realidad insular, incluyendo no solo los bosques densos, sino también matorrales y terrenos herbáceos que cumplan funciones paisajísticas o recreativas. Incluso los terrenos mixtos agroforestales caen bajo este paraguas legal. El Gobierno se impone a sí mismo el deber de la «compra pública responsable». A partir de ahora, la administración canaria deberá priorizar productos forestales con certificación sostenible en sus licitaciones, moviendo el mercado hacia la economía verde.
Ante la crisis climática, Canarias apuesta por el «patriotismo biológico». El texto impulsa el uso de material de reproducción de origen local y la mejora genética forestal para asegurar que las repoblaciones aguanten las nuevas temperaturas extremas. Uno de los puntos más atractivos para los inversores es la consideración de los montes como sumideros de carbono. El Anteproyecto abre la puerta a mecanismos de compensación y colaboración voluntaria para entidades interesadas en financiar la captura de CO2 en suelo canario.
No todo es ecología. El título VII establece un régimen sancionador robusto con multas coercitivas, decomisos y la obligación de reparar el daño causado. Canarias quiere dejar claro que el monte ya no es un espacio sin ley, sino un activo estratégico de primer orden. El documento fue firmado electrónicamente el 28 de noviembre de 2025 por Miguel Ángel Morcuende, director general de Espacios Naturales. Su tramitación marcará el inicio de una nueva era en la que el árbol será tan vigilado (y valorado) como una infraestructura crítica.
Esta crónica ha sido elaborada a partir del Anteproyecto de Ley de Montes de Canarias firmado por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad.
