El Gobierno de Canarias ha tenido que dar explicaciones sobre uno de sus proyectos más sensibles: el Plan Estratégico de Servicios Sociales. A raíz de una fiscalización directa de la diputada de ASG, Melodie Mendoza -quien sabe bien que en las islas no capitalinas el bienestar social se mide con una vara distinta-, el Ejecutivo de Clavijo ha sacado brillo al cronograma para demostrar que el documento no está cogiendo polvo en un cajón.
Lo cierto es que el Gobierno ya tiene en la mano la fotografía de la realidad social de las islas. Tras las jornadas técnicas celebradas el pasado mes de octubre en las dos capitales, el Diagnóstico y Análisis Multisectorial ya es una realidad física. Este documento es el cimiento de todo lo que viene: no es solo un listado de carencias, sino el pronóstico de qué nos va a hacer falta en dependencia, pobreza y exclusión en la próxima década.
El texto está a las puertas de la planta noble de Presidencia. El siguiente paso es su elevación al Consejo de Gobierno para que, una vez validado por los consejeros, tome rumbo directo al Parlamento. Es ahí donde empezará el verdadero baile político, ya que el Plan debe definir objetivos de cobertura que comprometen presupuestos futuros.
Sin embargo, el Ejecutivo guarda un as bajo la manga para evitar que se le acuse de centralismo: una vez que el Parlamento reciba el diagnóstico, el equipo de Bienestar Social iniciará una gira por las islas no capitalinas. El objetivo declarado es que los profesionales de El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, junto a la sociedad civil, puedan meter mano en las medidas finales antes de que el Plan sea definitivo.
En definitiva, el Gobierno intenta blindar una estrategia que, por ley, llega con siete años de retraso, pero que ahora busca legitimidad territorial para que nadie pueda decir que se diseñó de espaldas a la realidad de la doble insularidad. La pelota está ahora en el tejado de Clavijo para que el salto del papel al Consejo de Gobierno sea inmediato.
