El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado luz verde al Plan Estratégico de Ordenación del Personal Laboral, un instrumento que sobre el papel afecta a 7.749 trabajadores, el 80% de la plantilla de la Administración General de la comunidad autónoma, y que aspira a convertir a esos empleados en funcionarios de carrera a lo largo de los próximos cuatro años. El acuerdo fue firmado el 9 de abril por el presidente Fernando Clavijo, la consejera de Presidencia Nieves Lady Barreto y representantes de CSIF, CCOO, Cobas, Sepca e Intersindical Canaria, lo que otorga al documento una legitimidad formal amplia. Sin embargo, la tinta de las firmas no había secado cuando los propios sindicatos comenzaron a matizar su entusiasmo: el plan establece cinco ejes de actuación, movilidad y carrera profesional, reducción de la temporalidad, transformación automática de plazas laborales, dimensionamiento de plantilla mediante ofertas de empleo público y actualización de categorías al marco post-Bolonia, pero lo hace sin concretar las herramientas de ejecución ni los recursos presupuestarios que lo harán posible.
Manuel González, secretario general de Sepca, ha resumido la postura sindical con una frase que funciona como diagnóstico: se han sentado las bases de cinco líneas de acción, pero ahora hay que desarrollar y negociar con Función Pública hasta dónde se quiere llegar realmente. El sindicato exige un complemento salarial que compense la mayor responsabilidad legal que implica el salto de laboral a funcionario, señalando que muchos profesionales hacen exactamente lo mismo que un funcionario y cobran menos. El calendario previsto concede un mes para constituir la Comisión de Seguimiento y los grupos de trabajo, con el objetivo de que los instrumentos de ejecución de todos los ejes estén elaborados antes del 31 de diciembre de 2026. Pero 2027 es año electoral, y la experiencia canaria demuestra que los planes de ordenación de personal tienden a diluirse cuando la agenda política cambia de ciclo. La pregunta que queda en el aire es si este acuerdo representa un compromiso estructural con la profesionalización de la función pública insular o, como ha ocurrido otras veces, un gesto de escaparate que nace con vocación de archivo.
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