El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la nueva ley que regula el alquiler vacacional en las islas, tras una tensa tramitación y con el rechazo de PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox, que además vetaron el debate de 24 enmiendas in voce presentadas por los grupos del cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI). La norma, respaldada por el Gobierno autonómico, redefine el uso turístico de las viviendas como una actividad económica o de hospedaje -y no residencial-, dejando en manos de los ayuntamientos la planificación y autorización de este tipo de alojamientos.
La ley establece que el 80 % del suelo residencial deberá destinarse a vivienda habitual, un porcentaje que se eleva al 90 % en islas turísticas o municipios con alta presión de mercado. Solo el planeamiento municipal podrá permitir el uso vacacional, siempre que existan condiciones de sostenibilidad, equilibrio territorial y capacidad de carga. También se prohíbe el alquiler turístico en viviendas protegidas, suelos rústicos o espacios naturales, salvo que el planeamiento ambiental lo autorice expresamente. Con ello, el Ejecutivo busca frenar la conversión masiva de viviendas residenciales en alojamientos turísticos y contener la escalada de precios del alquiler.
Sin embargo, la norma ha sido duramente criticada tanto por la oposición como por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), que sostiene que la ley “beneficia a los grandes tenedores y fondos de inversión” mientras penaliza a los pequeños propietarios. La consejera de Turismo, Jessica de León, reconoció que se trata de una ley “difícil de explicar y de gestionar”, pero defendió su aprobación como una medida “al servicio del interés general” y agradeció el respaldo del presidente canario, Fernando Clavijo, y del vicepresidente, Manuel Domínguez.
Desde la oposición, los grupos del PSOE y NC-bc denunciaron que la nueva regulación “expulsa a los residentes de sus propios barrios” y “no piensa en las familias canarias”, señalando que desde septiembre de 2023 se han sumado más de 32.000 nuevas viviendas vacacionales. Para la diputada Esther González (NC-bc), el Gobierno “ha preferido proteger a los poderosos antes que escuchar a su pueblo”, mientras que Gustavo Santana (PSOE) advirtió que la ley “durará lo que dure este Gobierno” al no contar con consenso social ni político. Vox, por su parte, calificó la norma de “camaleónica y mal hecha”, al trasladar “una excesiva carga a propietarios y ayuntamientos”.
Por el contrario, el cuatripartito defendió el texto como una herramienta de ordenación y equilibrio territorial. El popular David Morales subrayó que la ley “pone fin a los pseudohoteles” y refuerza la autonomía local, mientras que Socorro Beato (CC) insistió en que “Canarias necesita una regulación que proteja a las familias que dependen del ingreso del alquiler turístico”. Aunque el debate deja abiertas heridas políticas y sociales, el Ejecutivo autonómico confía en que futuros decretos de desarrollo concreten aspectos clave como la unidad de explotación y la residencialización, con el objetivo de equilibrar la actividad turística y el derecho a la vivienda en un archipiélago tensionado por la presión del mercado.
