La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, defendió este martes en el Parlamento un proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 valorado en 13.155,8 millones de euros (un 7% más que en 2025), pero la presentación derivó rápidamente en un tenso debate sobre la fiscalidad y la gestión política del ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular.
El principal foco de crítica de la oposición, liderada por PSOE y Nueva Canarias, fue el incumplimiento, por tercer año consecutivo, de la promesa electoral de rebajar el tipo general del IGIC al 5%.
Matilde Asián (PP) reconoció que el proyecto no recoge la anunciada rebaja, pero se apresuró a aclarar que la idea no ha sido «abandonada». La consejera vinculó directamente la capacidad de rebajar el impuesto indirecto canario a la flexibilización de la regla de gasto por parte del Gobierno central.
«Es verdad que no bajamos el IGIC al 5%, pero desde que podamos hacerlo porque el Gobierno de España tenga a bien flexibilizar la regla del gasto y amoldarla a las nuevas normativas europeas, nos lo plantearíamos», garantizó Asián ante la Comisión de Presupuestos.
Este argumento no convenció a la oposición, que descalificó las cuentas calificándolas de una «oportunidad perdida» de aprovechar el ciclo económico para acometer cambios estructurales.
El presupuesto, que la consejera calificó de «responsable, equilibrado y de marcado carácter social e inversor» con una previsión «prudente» de crecimiento del 1,9% del PIB, fue recibido con elogios por los grupos del Gobierno (CC y PP) y con críticas aceradas del resto.
Manuel Hernández Cerezo (PSOE), anunció una enmienda a la totalidad. Reprochó al Ejecutivo que sí encuentre margen para «bajar impuestos a los ricos», pero se escude en la regla de gasto para el IGIC. Tildó el presupuesto de la «tercera oportunidad perdida» de la legislatura.
Esther González (NC) puso el foco en el notable aumento del 18% (25 millones de euros) en la partida destinada a Presidencia del Gobierno. Subrayó que esta cifra es exactamente la misma en la que aumenta el presupuesto de Vivienda, lo que, a su juicio, evidencia el interés del Ejecutivo: «Más inversión en propaganda que en vivienda».
Javier Nieto (Vox) denunció que el Gobierno, en un momento de «recaudación histórica», insista en un «modelo de gastar» similar al de la pasada legislatura, poniendo como ejemplo los 1.000 millones de euros de aumento en Sanidad en los últimos tres años sin que se perciba una mejora clara para el ciudadano.
Los grupos que dan apoyo externo al Gobierno (ASG y AHI) si bien elogiaron la orientación social del proyecto, anunciaron que presentarán enmiendas para mejorar las cuentas.
Melodie Mendoza (ASG) criticó que la política fiscal continúe sin recoger una «fiscalidad diferenciada para las islas verdes». Raúl Acosta (AHI) demandó un mayor «equilibrio territorial» para que las islas no capitalinas no queden fuera de la política de vivienda pública y alertó sobre el posible uso de los fondos MMR como «artificio contable» en inversiones de difícil ejecución en un solo año, como los 31,3 millones para El Hierro.
Por su parte, los socios de Gobierno optaron por la confrontación. José Miguel Barragán (CC) aseguró que el presupuesto «crece y cuida» a las personas, mientras que Fernando Enseñat (PP) ironizó sobre que es «la derecha nacional y la derecha nacionalista» quienes presentan «los mayores presupuestos sociales de la historia de Canarias», un hecho que «a los progres les ‘jofastidia’».
