El Decreto 23/2026, aprobado por el Consejo de Gobierno el 9 de marzo, liquida el antiguo sistema de sorteo para la adjudicación de viviendas de promoción pública y lo sustituye por un modelo de baremación objetiva basado en criterios económicos, sociales y familiares. La norma establece que para resultar adjudicatario será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en Canarias de al menos doce años, o quince en caso de residencia discontinua, además de cinco años de residencia o actividad laboral en el municipio donde se ubique la promoción. Se fija una reserva mínima del 20% de las viviendas para jóvenes de hasta 35 años, del 10% para mayores de 65, del 8% para víctimas de violencia de género y de hasta un 1% para emigrantes retornados. La eliminación del sorteo responde, según el consejero Pablo Rodríguez, al desequilibrio entre oferta y demanda y al dato de que aproximadamente un tercio de las compraventas de vivienda en Canarias en los últimos años ha sido realizado por no residentes.
La reacción no se ha hecho esperar. La plataforma Derecho al Techo califica el decreto de «ilegal y jurídicamente impugnable», argumentando que vulnera el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho a una vivienda digna sin condicionantes de arraigo temporal. Los sindicatos de inquilinos de Tenerife y Fuerteventura han exigido su retirada inmediata, denunciando rasgos de «aporofobia y xenofobia institucional». El propio Consejo Consultivo de Canarias consideró excesivo el requisito de residencia. Canarias se convierte así en la comunidad autónoma más exigente del país en esta materia, la única que exige doce años para acceder a una vivienda pública. Mientras tanto, la Hipoteca Joven Canaria, anunciada como complemento del decreto, promete cubrir mediante aval público hasta el 95% del valor de la vivienda para menores de 40 años, con CaixaBank como primera entidad adherida. La paradoja es notable: el Gobierno exige doce años de residencia para un piso público de 50 metros cuadrados en un polígono residencial, pero avala hipotecas bancarias al 95% para jóvenes que, si la burbuja inmobiliaria pincha, se encontrarán con una deuda superior al valor de su vivienda y un aval público que, en última instancia, pagará el contribuyente canario.
