El Grupo Parlamentario Popular (GP Popular) ha impulsado una Proposición No de Ley (PNL) crítica que aborda dos fallas estructurales en el sistema de salud pública de Canarias: la desigualdad en el acceso a la reproducción asistida en las islas no capitalinas y la necesidad de adaptar los límites de edad a la realidad demográfica y laboral actual. La PNL, presentada a instancias de la diputada Raquel Díaz y Díaz y admitida a trámite el 30 de octubre de 2025, exige al Gobierno autonómico soluciones para un problema que, según la exposición, convierte el deseo de ser madre en una «lucha silenciosa» marcada por la geografía.
El principal foco de la iniciativa es el Hospital Universitario de La Palma. En la actualidad, una media de 130 mujeres palmeras al año se ven obligadas a desplazarse al Hospital Universitario de Canarias (HUC) en Tenerife para acceder a tratamientos de inseminación artificial (IA) y fertilización in vitro (FIV). Esta obligatoriedad genera un perjuicio económico, logístico y emocional significativo, con más de 1.151 traslados contabilizados en los últimos tres años, lo que, según el PP, no solo dificulta la conciliación y genera desigualdad estructural, sino que incluso puede reducir la probabilidad de éxito de los procesos.
Para resolver la disparidad, el GP Popular insta al Gobierno a estudiar la viabilidad de un modelo de descentralización activa: que el equipo médico especialista se traslade de manera periódica desde los hospitales de referencia de Tenerife al Hospital Universitario de La Palma. El objetivo es claro: poner fin a los desplazamientos, minimizar el riesgo y el gasto público, y garantizar la igualdad de condiciones en una sanidad pública verdaderamente equitativa en el Archipiélago.
A la demanda de descentralización se suma una exigencia de actualización de los parámetros asistenciales. El PP subraya que el retraso en la edad media de la maternidad, provocado por la incorporación de la mujer al mercado laboral y la búsqueda de estabilidad profesional, choca frontalmente con la actual restricción de edad para acceder a la fertilidad en el sistema público, fijada en los 40 años. La PNL propone ampliar la edad máxima hasta los 45 años y aumentar el número de intentos permitidos para tratamientos de IA y FIV de cuatro a cinco, en un esfuerzo por proteger la maternidad y contrarrestar la preocupante curva de descenso de la tasa bruta de natalidad en Canarias.
En resumen, la PNL del GP Popular plantea una doble inversión: una inversión logística para llevar los servicios médicos especializados a las islas no capitalinas, y una inversión en política social para adaptar la sanidad pública a las realidades biológicas y socioeconómicas del siglo XXI. El debate que se abre en el Pleno será clave para definir el compromiso del Gobierno con la equidad sanitaria y las políticas de apoyo a la natalidad.
