El Gobierno de Canarias y los cabildos han vuelto a sacar la chequera institucional para intentar suturar una herida que supura desde hace décadas: el sistema de atención a la dependencia. El anuncio de 1.630 millones de euros hasta 2028 suena a música celestial para el sector privado en una región que encabeza sistemáticamente los rankings de lentitud burocrática. Sin embargo, en el tablero político de Teobaldo Power, todos saben que anunciar millones es la parte fácil; lo complejo es que ese dinero se transforme en personal cualificado, centros de día y respiros familiares reales.
El reto de la gestión real
El acuerdo, presentado con la pomposidad propia de las grandes citas, promete 1.600 nuevas plazas y una actualización de los precios que los cabildos -eternos sufridores de la infrafinanciación- reclamaban como agua de mayo. Pero no nos engañemos: el papel lo aguanta todo. El verdadero examen para la Consejería de Bienestar Social no es la firma del convenio, sino el desmantelamiento de los cuellos de botella administrativos que mantienen a miles de canarios en el «limbo» de la dependencia, donde el derecho reconocido no siempre se traduce en servicio recibido.
Cogobernanza bajo vigilancia
La clave de esta legislatura será la fiscalización de la cogobernanza. Al derivar la ejecución a las corporaciones insulares, el Ejecutivo regional se asegura un escudo político, pero también entrega las llaves de la gestión a siete administraciones con velocidades y capacidades técnicas muy dispares. Mientras algunos cabildos tienen la maquinaria engrasada, otros siguen anclados en una parálisis procedimental que amenaza con convertir estos fondos en remanentes de tesorería a final de año, un lujo que Canarias no se puede permitir.
Inflación y supervivencia
Un punto crítico de este nuevo marco financiero es la actualización de los costes de las plazas. En un contexto de inflación persistente y costes de vida disparados en el archipiélago, las entidades del tercer sector -que son las que realmente sostienen el sistema sobre sus hombros- operaban hasta ahora al borde del colapso financiero. Elevar el precio plaza no es un regalo, es una medida de supervivencia mínima para evitar que el sistema de cuidados de las islas termine de desmoronarse por pura asfixia económica.
Este compromiso de gasto hasta 2028 es, en esencia, un intento de comprar paz social y estabilidad política para el resto del mandato. La narrativa de la ‘Canaria que cuida’ es potente, pero el éxito no se medirá en la cuantía de la transferencia bancaria entre instituciones, sino en cuántos días se tarda hoy, y cuántos se tardará mañana, en que una persona dependiente reciba la ayuda que por ley le corresponde. El cronómetro está en marcha y los 1.600 millones ya no pueden servir de excusa.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
