Cobrar 1.400 euros y entregar 1.000 al casero. O pagar 600 euros por una habitación en un municipio mediano. La crisis de vivienda en Canarias ha dejado de ser únicamente un problema para encontrar casa y se ha convertido ya en una puerta directa hacia la pobreza.
La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, llevó este martes esa realidad al Parlamento de Canarias durante su comparecencia ante la comisión que estudia la pobreza infantil. “Eso es insostenible”, resumió después de recordar que muchos trabajadores de limpieza, ayuda a domicilio u hostelería ni siquiera alcanzan esos ingresos.
Las ayudas al alquiler no están consiguiendo compensar unos precios que se han disparado muy por encima de la capacidad económica de numerosos hogares. Brito advirtió de que, si los salarios no suben y los alquileres no bajan, la crisis de vivienda terminará “cronificándose todavía más”.

Viviendas que hacen falta hoy y llegarán dentro de años
La dirigente municipalista defendió la regulación de los alquileres y reclamó al Gobierno de Canarias que desarrolle cuanto antes las zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta que permite intervenir en áreas donde el precio de la vivienda ha dejado de guardar relación con los ingresos de las familias.
El otro problema es el tiempo. Mientras aumenta la demanda, parte de la vivienda pública sigue sobre el papel o avanzando por procedimientos administrativos que pueden prolongarse durante años.
Brito recordó que todavía se están licitando promociones correspondientes al Plan de Vivienda de 2025 y rechazó que la respuesta pueda demorarse otros dos o tres años. “No podemos esperar dos o tres años a esas viviendas porque lo que falta es vivienda, porque no hay”, afirmó.
La presidenta de la Fecam puso además el foco sobre el dinero autonómico. Los ayuntamientos han cedido suelo y existen proyectos preparados, por lo que cuestionó por qué no se han destinado ya los recursos necesarios del Gobierno de Canarias para acelerar esas promociones.
La presión no termina en el alquiler. Brito se mostró partidaria de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, especialmente en las denominadas islas verdes, donde el peso de compradores de fuera tiene una incidencia especial sobre el mercado residencial.
También señaló al alquiler vacacional. Los consistorios soportan buena parte del trabajo de inspección y control, una carga añadida para administraciones locales que aseguran no disponer de recursos suficientes para asumir todas las competencias que se les trasladan.
Ayuntamientos sin dinero y servicios sociales desbordados
La vivienda se mezcla con otro problema que los municipios llevan años denunciando: tienen que atender las consecuencias de la pobreza con una financiación que consideran insuficiente y que, en algunos casos, llega cuando prácticamente se ha terminado el ejercicio.
Brito recordó que el catálogo de servicios sociales se aprobó sin financiación económica suficiente, que el Plan Concertado no se actualiza desde 2002 y que algunas partidas llegan a finales de año, haciendo muy difícil que los ayuntamientos puedan ejecutarlas.
La Fecam reclama además equipos multidisciplinares. Muchos municipios trabajan fundamentalmente con trabajadores sociales y no cuentan con suficientes educadores o psicólogos para afrontar situaciones familiares cada vez más complejas.
La salud mental de los menores aparece ya como otra señal de alarma. Brito aseguró que están aumentando estos problemas entre niños y adolescentes y relacionó parte de ese deterioro con la precariedad que soportan sus hogares. También alertó del absentismo entre los propios profesionales de los servicios sociales debido a la carga emocional del trabajo y pidió a la Consejería de Sanidad un servicio especializado que pueda apoyarlos.
La presidenta de la Fecam sí valoró el despliegue del Gobierno de Canarias en la educación de cero a tres años, porque descarga parte del esfuerzo que venían asumiendo los ayuntamientos, aunque reclamó más financiación para poder ampliar la oferta.















