En 2025, el crédito al consumo en Canarias experimentó un notable crecimiento. El volumen de préstamos otorgados a hogares fue un 20 % superior al año anterior, según datos aportados por fuentes bancarias, que reflejan una fuerte demanda de este tipo de financiación para compras de bienes, reformas, vehículos, vacaciones… la Navidad. Esta tendencia no es exclusiva del Archipiélago, sino que se inscribe en un contexto nacional en el que el crédito al consumo ha alcanzado niveles históricos en España, con aumentos interanuales de más del 20 % y cifras récord de nuevos préstamos concedidos.
Para muchas familias canarias, el acceso al crédito se combina con una situación económica de presión sobre la renta y altos costes de vida, especialmente en vivienda y servicios básicos. Sostener el consumo inmediato en el endeudamiento tiene una letra pequeña: menos disponible y menos ahorro, por no calificar al segundo de inexistente. Esto genera inquietudes entre sectores sociales y expertos sobre el aumento del endeudamiento de los hogares, especialmente si los préstamos no están acompañados de una mejora real en los ingresos disponibles o medidas de educación financiera que mitiguen el riesgo de sobreendeudamiento.
El Parlamento de Canarias ha abordado la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica que reconozca las singularidades del Archipiélago y que permita reforzar los recursos de políticas sociales, de empleo y de protección a los consumidores. Se insiste en la urgencia de un sistema de financiación justo que respete el Régimen Económico y Fiscal (REF) y garantice mayor cohesión territorial y recursos propios.
En el debate presupuestario para 2026, que se aprobó con un gasto no financiero de más de 12.400 millones de euros, también se mencionó la expectativa de una reforma del sistema de financiación autonómica, lo que abre la puerta a que, en 2026, el Parlamento pueda incorporar medidas más específicas en materia de política fiscal o de apoyo a hogares con carga financiera elevada. Sin embargo, hasta ahora las iniciativas han tendido a centrarse en macrofinanciación y prioridades de gasto público, sin ventilar abiertamente propuestas dirigidas a frenar directamente el endeudamiento de los ciudadanos o a fomentar productos de crédito más responsables.
En este contexto, la esperanza para 2026 radica en que la esperada reforma de la financiación autonómica, junto con posibles ajustes derivados del REF y una mayor atención parlamentaria a la protección del consumidor, puedan traducirse en beneficios fiscales o mecanismos de alivio para los hogares que hoy asumen una creciente carga de crédito. La combinación de más recursos autonómicos y políticas públicas enfocadas en educación financiera, control de intereses abusivos y apoyo social podría hacer que el crecimiento del crédito al consumo sea más sostenible para las familias canarias.
