Finalmente, los dos decretos sobre vivienda que han mantenido en vilo al Congreso durante los últimos días han decaído. Para Canarias, la derrota del primero deja una consecuencia concreta: la limitación de la compra de vivienda por parte de no residentes tendrá que seguir esperando.
Coalición Canaria había supeditado políticamente su voto favorable al primero de los dos textos a que el Gobierno abriera la puerta a introducir esa restricción durante su posterior tramitación como proyecto de ley. La medida no figuraba en el decreto que se votaba. El acuerdo consistía en intentar incorporarla después.
CC presentó ese compromiso en Canarias como uno de los principales logros de su negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. Le sirvió para justificar su “sí crítico” al primer decreto. El problema es que toda la operación descansaba sobre una condición previa: que el Congreso convalidara primero el texto.
El decreto cayó y, con él, desapareció también la vía legislativa que Coalición Canaria había anunciado para intentar convertir en ley una de sus principales reivindicaciones en materia de vivienda.
Una promesa que duró menos de 24 horas
El secretario de Organización de CC, David Toledo, presentó el jueves el acuerdo como un avance importante para Canarias. La formación lleva desde 2024 reclamando instrumentos específicos para limitar la compra de vivienda por no residentes ante la presión residencial que sufren las Islas.
Toledo llegó a asegurar que habían conseguido “abrir la vía para que pueda convertirse en una realidad”.
Sin embargo, PP, Vox, Junts y UPN rechazaron el primer decreto. El segundo también terminó cayendo, aunque en ese caso Coalición Canaria votó en contra.
La posición de CC deja ahora en una situación incómoda. El partido entregó un voto favorable efectivo a cambio de una modificación futura que todavía necesitaba otra tramitación, otra negociación y otro acuerdo parlamentario.
Cuando Coalición Canaria cerró su apoyo, además, el futuro del decreto ya estaba en manos de Junts. El propio reparto de votos situaba a la formación catalana como decisiva para que el texto pudiera sobrevivir.
CC presentó como logro para Canarias un compromiso cuya materialización dependía de la supervivencia parlamentaria de una norma que ya llegaba al Congreso con los números extremadamente ajustados.
La limitación vuelve al punto de partida
La restricción a la compra por no residentes no queda aprobada, no entra en vigor y ya no podrá incorporarse mediante la tramitación de este decreto como proyecto de ley.
Si Coalición Canaria quiere mantener viva la medida tendrá que encontrar otro vehículo legislativo, alcanzar un nuevo acuerdo con el Gobierno del Estado o buscar una fórmula distinta que permita además resolver los problemas jurídicos que esta propuesta arrastra desde hace años.
CC lleva desde 2024 reclamando fórmulas para limitar la adquisición de vivienda por personas que no residen en las Islas. El Gobierno de Canarias ha llevado la cuestión al Estado y a la Unión Europea y ha reconocido en distintas ocasiones que su encaje jurídico no es sencillo.
Fernando Clavijo llegó incluso a anunciar una ofensiva política y jurídica para conseguir una excepción específica para Canarias.
La negociación de esta semana parecía ofrecer una nueva puerta, pero duró menos de un día.
CC ya había puesto las elecciones sobre la mesa
La caída del decreto abre además otro frente político para Coalición Canaria.
Minutos antes de comenzar el debate, Cristina Valido había advertido de que si el Congreso no conseguía sacar adelante el primero de los textos Pedro Sánchez debía disolver las Cortes y convocar elecciones.
La diputada nacionalista consideró que se trataba de un decreto de mínimos y aseguró que, si ni siquiera una norma así conseguía reunir una mayoría, “no tiene sentido alargar más esta legislatura”.
Nueva Canarias devuelve el debate a las Islas
Nueva Canarias ha aprovechado el resultado para señalar otra contradicción.
Su secretario general, Luis Campos, acusa a CC de mantener “un discurso aquí y otro allá” y de exigir soluciones en Madrid mientras forma parte de un Gobierno autonómico que dispone de competencias propias en vivienda.
La crítica apunta directamente a una realidad incómoda para Coalición Canaria: la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias está dirigida por Pablo Rodríguez, también de CC.
Campos sostiene que el Estado puede adoptar medidas, pero recuerda que Canarias dispone de capacidad propia para impulsar políticas de vivienda y reta a CC y PP a respaldar las propuestas que lleguen al Parlamento autonómico.
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de vivienda. El artículo 143 del Estatuto de Autonomía atribuye al Archipiélago la ordenación, planificación, gestión, fomento, protección, control de calidad, inspección y sanción, además de la promoción pública de vivienda y la gestión del patrimonio público de suelo.
Coalición Canaria sale así de la votación con menos de lo que llevó al Congreso: su voto no salvó el decreto, la vía que presentó como un logro para limitar la compra a no residentes desapareció con él y la medida vuelve a quedarse esperando.
