El Ejecutivo autonómico ha confirmado que no existen líneas de trabajo activas para la transferencia de competencias sobre el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente al Cabildo Insular de La Palma, una aspiración planteada de forma recurrente por sectores políticos y sociales de la isla. Así se desprende de la respuesta oficial remitida por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a la pregunta oral formulada por el diputado José Javier Pérez Llamas (Coalición Canaria), en el marco del control parlamentario. El documento, firmado por el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Víctor Tomás Chinea Mendoza, con fecha de 17 de octubre de 2025, subraya que, aunque no existe negociación abierta, el Gobierno mantiene una “postura abierta, dialogante y plenamente disponible” para valorar cualquier propuesta que formule la corporación palmera.
El texto recuerda que la Ley 6/2021, de 21 de diciembre, regula los mecanismos de traspaso de funciones y servicios en materia de parques nacionales a los cabildos insulares, condicionando su ejecución a la existencia de voluntad política, capacidad técnica y acuerdo institucional. En este sentido, el Ejecutivo regional reitera su compromiso con una gestión eficiente y rigurosa, pero advierte que cualquier debate sobre la descentralización de competencias ambientales debe abordarse “con visión de territorio y responsabilidad ambiental”.
La respuesta supone un freno temporal a las aspiraciones del Cabildo palmero de asumir la gestión integral del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, declarado en 1954 y administrado actualmente por la comunidad autónoma.
Fuentes parlamentarias consultadas señalan que el asunto podría reactivarse en la próxima legislatura si el Cabildo formula una solicitud formal o si el Gobierno canario decide avanzar en el modelo de transferencia progresiva previsto en la Ley de 2021, que ya se ha aplicado parcialmente en Lanzarote, Tenerife y La Gomera con distintos grados de autonomía operativa.
El Ejecutivo, no obstante, insiste en que la prioridad actual sigue siendo la conservación y el uso sostenible del emblemático enclave palmero, y que cualquier traspaso competencial deberá garantizar la continuidad de los estándares de protección y gestión ambiental establecidos por la red estatal de parques nacionales.
