Coalición Canaria (CC) elevó este lunes la presión política sobre el expresidente del Gobierno autonómico Ángel Víctor Torres, a quien acusó de “mentir” sobre su papel en la adquisición de material sanitario durante la pandemia y de contribuir a que Canarias se convirtiera “en uno de los focos más rentables” de la trama del caso Koldo. La formación nacionalista considera que existe una “responsabilidad política evidente e ineludible”, así como indicios “claros” de tráfico de influencias y acoso laboral a funcionarios.
Los diputados Vidina Espino y José Alberto Díaz Estébanez, representantes de CC en la comisión de investigación parlamentaria sobre la compra de material sanitario, aseguraron en rueda de prensa que tanto Torres como su exviceconsejero Antonio Olivera “faltaron a la verdad” en sus comparecencias. En especial, recuerdan que Olivera declaró el 30 de enero que no había mantenido contacto con el exasesor ministerial Koldo García sobre la adquisición de mascarillas, algo que -según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- contradicen numerosos mensajes entre ambos.
Espino detalló que estos intercambios muestran un “diálogo directo y constante” entre Olivera y Koldo García para desbloquear la llegada y el pago de 2,1 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión. También citó mensajes en los que, según recoge la UCO, el exasesor agradecía las gestiones del viceconsejero con expresiones como “te lo agradeceré en carne” o “te pondré puentes y carreteras”. La diputada añadió que estos documentos reflejan además una actuación “coordinada” entre Torres y Olivera, llegando este último a remitir órdenes de pago a Koldo.
En cuanto a Torres, CC le reprocha haber negado contacto con la entonces directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS), Ana María Pérez, pese a que el informe policial señala comunicaciones relativas a la facturación de Soluciones de Gestión. Espino sostiene que el expresidente intervino para “desatascar el pago” de unas mascarillas que, según técnicos del SCS, no cumplían los requisitos exigidos. Además, negó que la modificación contractual de los 2,1 millones respondiera a un informe técnico y jurídico, y la atribuyó a negociaciones entre la empresa, Olivera y Conrado Domínguez.
Díaz Estébanez afirmó que, a su juicio, los hechos revelan “sin temor a error” responsabilidades políticas por las que deberían pedirse disculpas, en lugar de “escudarse en técnicos o funcionarios”. También acusó al expresidente de mentir sobre su relación con responsables de Soluciones de Gestión y Megalab, así como sobre la intermediación con Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Para CC, el conjunto de indicios apunta a “una participación activa” de Torres en favor de determinadas empresas y a posibles presiones sobre funcionarios para autorizar pagos de material “no idóneo y muy por encima del precio de mercado”, lo que -según los nacionalistas- podría constituir presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de poder y acoso laboral.
