El archipiélago canario cerró 2024 con 1.849 GWh de generación renovable, un 8,6% más que el año anterior, alcanzando un máximo histórico del 20,8% sobre el total de la producción eléctrica insular. La cifra, en apariencia alentadora, esconde una contradicción sistémica que amenaza con convertir la transición energética de las islas en un ejercicio de ineficiencia planificada: durante los meses de verano de 2025, hasta el 11% de la energía renovable generada no pudo integrarse en la red y fue sencillamente vertida, un fenómeno técnico conocido como curtailment que en los sistemas insulares adopta dimensiones particularmente graves por la imposibilidad de exportar excedentes a redes vecinas.
Los 301,7 millones de euros transferidos a Canarias a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para financiar acciones de energía sostenible se enfrentan así a un cuello de botella que ningún decreto puede resolver por sí solo: la falta de infraestructura de almacenamiento y evacuación. El salto fue abrupto. Entre julio de 2024 y abril de 2025, el porcentaje de renovable no integrable por restricciones técnicas oscilaba entre el 1% y el 3%. A partir de mayo, la curva se disparó. La fotovoltaica, concentrada en las horas centrales del día, es la tecnología más castigada por los vertidos, precisamente en los meses de mayor irradiación solar, cuando la producción alcanza su pico pero la demanda no acompaña.
El Plan de Transición Energética de Canarias fija para 2030 una potencia instalada de 2.036 MW eólicos y 1.314 MW fotovoltaicos, con un objetivo de penetración renovable del 58,2%. Pero las cifras de potencia carecen de sentido si el sistema nervioso eléctrico del archipiélago, sus redes de transporte y distribución, no se redimensiona al mismo ritmo. La ampliación de la capacidad de acceso a red aprobada para los subsistemas de Lanzarote-Fuerteventura (de 10 a 429 MW), Tenerife-La Gomera (de 57 a 593 MW) y Gran Canaria (de 61 a 337 MW) es un paso necesario, pero su ejecución material sigue sujeta a plazos administrativos que rara vez se cumplen. Mientras tanto, cada kilovatio hora vertido es dinero público que se evapora y un argumento involuntario contra la planificación centralizada de la transición energética.
