El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley presentada por el grupo Popular que exige al Gobierno de Pedro Sánchez una auditoría “externa, independiente y transparente” sobre los fallos del sistema estatal de dispositivos telemáticos de control de agresores por violencia machista, conocido como Cometa.
La iniciativa, que contó con el apoyo mayoritario de la Cámara, sitúa a Canarias como una de las primeras comunidades en reclamar formalmente una revisión integral de un programa gestionado por el Ministerio del Interior y el de Igualdad, y que sufrió un colapso operativo tras el cambio de empresa adjudicataria en 2023.
Según la diputada popular Rebeca Paniagua, la migración de datos y los fallos de localización y cobertura “provocaron la pérdida de información histórica, sobreseimientos judiciales y una desprotección real de las víctimas”. “Lo que debía ser una herramienta de seguridad se convirtió en una ruleta rusa tecnológica”, denunció desde la tribuna.
El grupo Popular sostiene que las deficiencias permitieron incluso que algunos agresores manipularan o se quitaran los dispositivos sin ser detectados, un extremo que la Fiscalía General del Estado y los sindicatos policiales también han trasladado al Ministerio del Interior.
Mientras desde el Gobierno central se ha restado gravedad a los hechos, calificándolos de “incidencias puntuales”, en Canarias la cuestión ha escalado a nivel institucional. La proposición aprobada insta al Ejecutivo regional a requerir a Madrid la contratación urgente de una auditoría técnica externa, la publicación de todos los datos de fallos y la identificación de las víctimas y procedimientos afectados.
Paniagua acusó al “feminismo oficial del PSOE” de “minimizar el problema mientras el sistema se caía” y defendió que su grupo “no sostiene pancartas, sino compromisos reales, leyes eficaces y tecnología que no falle cuando la vida de una mujer depende de ello”.
El caso Cometa ha generado inquietud también entre expertos en digitalización y seguridad pública de la UE, que observan en este incidente un ejemplo de los riesgos asociados a la externalización de infraestructuras críticas sin auditorías previas de ciberseguridad ni certificaciones comunitarias.
Bruselas ya había advertido, a través del Programa Europeo para la Digitalización de la Justicia (e-Justice), de la necesidad de interoperabilidad y trazabilidad en los sistemas de control de medidas judiciales.
Con esta moción, Canarias abre un frente político que podría trasladarse al Congreso y reactivar el debate sobre la responsabilidad tecnológica del Estado en la protección de las víctimas de violencia de género, en plena recta final de la legislatura.
