La trayectoria del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas Canarias ha comenzado a dibujar una parábola de rendimientos decrecientes que cuestiona la sostenibilidad de su monocultura económica. Tras un avance robusto del 5,1% en 2023 y del 3,6% en 2024, las proyecciones actualizadas de BBVA Research sitúan el crecimiento para 2026 en un 2,5%, con una severa desaceleración prevista del 1,5% para 2027. Por primera vez en el ciclo post-pandemia, el archipiélago corre el riesgo de quedar rezagado frente a la media nacional del 1,7%, marcando el fin de una era de excepcionalismo impulsado por la demanda embalsada de viajes en Europa.
Este frenesí estadístico oculta un estrangulamiento estructural de la capacidad operativa. El modelo de crecimiento basado en el volumen de visitantes ha colisionado con tres cuellos de botella críticos: la crisis de asequibilidad de la vivienda, la saturación de las infraestructuras de suministro y una dependencia energética total del exterior. Los analistas del sector apuntan que la contribución del turismo al valor añadido bruto se está erosionando, desplazada por los costes logísticos y la incapacidad de la oferta alojativa para expandirse sin detraer recursos vitales de la población residente. Mientras regiones industriales del norte de España capitalizan la inversión en defensa y bienes de equipo, Canarias permanece anclada a una variable externa —el gasto de no residentes— altamente sensible a la inflación y a la inestabilidad geopolítica.
El indicador más alarmante reside en la brecha de prosperidad relativa. Un lustro después del estallido del COVID-19, Canarias no ha recuperado sus niveles de PIB per cápita previos a la crisis, manteniendo una de las estructuras salariales más deprimidas del Estado. La creación de empleo, aunque dinámica con un repunte del 3,6% en 2024, presenta una preocupante concentración en ocupaciones de baja cualificación e intensivas en mano de obra. Esta especialización productiva perpetúa un ciclo de baja productividad que impide la convergencia real con los niveles de renta europeos, a pesar de las cifras récord de ocupación hotelera registradas en los últimos ejercicios.
La respuesta presupuestaria para 2026 fía la recuperación de la competitividad a una partida de 453,6 millones de euros destinada a la Transición Ecológica, lo que supone un incremento del 44,8%. Financiada mayoritariamente por los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), esta inversión busca desacoplar el sistema eléctrico insular de los hidrocarburos tras el «shock» de precios derivado del conflicto de Irán. Sin embargo, la histórica lentitud en la ejecución de los fondos europeos y la complejidad técnica de descarbonizar un sistema aislado plantean dudas sobre la celeridad de esta transformación estructural.
En última instancia, el ciclo descendente de la economía canaria revela las limitaciones de haber explotado ventajas comparativas estáticas —clima y proximidad— sin desarrollar una infraestructura productiva resiliente. El «efecto refugio» derivado de la crisis en Oriente Próximo puede sostener las cifras de llegada de turistas a corto plazo, pero no resuelve la erosión del margen operativo ni la crisis habitacional. El archipiélago se enfrenta ahora al reto de gestionar una economía en zona de rendimientos decrecientes, donde el crecimiento inercial ya no basta para cerrar las brechas sociales ni para garantizar la seguridad energética en un entorno global volátil.
