El Gobierno de Canarias ha decidido dar un carpetazo definitivo a uno de los proyectos más polémicos de la legislatura. El Ejecutivo autonómico confirma que no tiene previsto crear ni una sola plaza nueva para menores extranjeros no acompañados utilizando viviendas prefabricadas. Esta decisión supone abandonar el modelo de las ‘casas-contenedor’, una solución de emergencia que levantó fuertes críticas sociales por las dudas sobre si estos módulos ofrecían unas condiciones dignas para los jóvenes.
El principal motivo de este cambio de rumbo es el espectacular descenso de las llegadas de pateras y cayucos a las islas durante el último año. Las cifras oficiales revelan un alivio inesperado en la ruta canaria, que cerró 2025 con 17.788 personas frente a las más de 46.000 del año anterior. Este recorte del 62% en la presión migratoria ha permitido al Gobierno pasar del modo emergencia a una fase de estabilización, centrando ahora sus esfuerzos en mejorar los centros que ya están operativos en lugar de seguir instalando módulos provisionales.
A pesar de este respiro estadístico, la situación en los centros de las islas sigue lejos de la normalidad. El Gobierno admite que, aunque en 2025 llegaron 2.280 menores -una cifra muy inferior a los picos de crisis pasadas-, la red autonómica todavía soporta una presión que supera su capacidad ordinaria. Por este motivo, el plan para 2026 no es ampliar la red, sino consolidar la actual e incluso intentar reducir el número de centros si la tendencia a la baja se mantiene durante los próximos meses.
El Ejecutivo regional ha aprovechado esta situación para recalcar que la solución no pasa por poner más camas, sino por una verdadera respuesta del Estado. Canarias insiste en que no puede seguir asumiendo en solitario la tutela de estos menores y exige que los traslados a otras comunidades autónomas funcionen con agilidad. Para el gabinete autonómico, la prioridad ahora es la calidad de la atención y la corresponsabilidad de todo el país para evitar que el archipiélago se convierta de nuevo en un embudo migratorio.
Sin embargo, este nuevo enfoque deja una duda razonable sobre la capacidad de reacción futura. Al fiar toda la planificación de 2026 a que se mantenga el descenso de llegadas, el Gobierno se queda con poco margen de maniobra si la ruta canaria vuelve a activarse de golpe. Lo que hoy se presenta como una gestión de calma y un adiós a los parches prefabricados podría convertirse de nuevo en un problema de desbordamiento si la tendencia cambia y Madrid no responde con la velocidad que las islas llevan años reclamando.
