La isla de La Gomera, el monociltivo electoral de ASG que impide al PSOE opera en esa plaza a la espera de una reunificación de la que nunca más se volvió a saber nada, ha vuelto a quedar a oscuras este fin de semana, reviviendo el trauma del «cero energético» de verano de 2023 que le generó a Endesa una multa de 12 de millones de euros. Este nuevo incidente ha provocado una reacción inmediata del Gobierno de Canarias, que ha exigido al Ejecutivo central una aceleración drástica en el despliegue de la normativa de emergencia. Sin embargo, para quienes siguen de cerca este problema estructural lo ocurrido este domingo no es un accidente, sino la crónica de un fallo sistémico ampliamente documentado. ASG lleva en el poder autonómico desde 2019 y es el árbitro de la política regional. 15.000 abonados fuera de cobertura.
La fragilidad de La Gomera es el eslabón más débil de una cadena obsoleta. Con un parque de generación basado en energías fósiles envejecidas, el sistema carece de la flexibilidad necesaria para absorber cualquier fallo técnico. Los datos son demoledores: mientras Europa exige descarbonizar para 2040, Canarias se encuentra en una paradoja legal. Necesita motores nuevos para no apagarse, pero la normativa impide que sean de combustión fósil, dejando a la isla en un limbo de «calma chicha» burocrática.
El sistema eléctrico canario presenta un déficit de generación crítico que ha obligado a una licitación de emergencia para instalar 250 MW de potencia adicional repartidos de forma estratégica: 120 MW en Gran Canaria, 80 MW en Tenerife y 50 MW en Fuerteventura. Durante el proceso de concurrencia, 17 empresas presentaron un total de 33 propuestas técnicas, donde predominaron los motores de combustión y turbinas de gas utilizando gasoil y propano como combustibles principales, aunque se registraron soluciones innovadoras basadas en biogás/biometano y sistemas de almacenamiento mediante baterías. Las ubicaciones prioritarias para estas infraestructuras se han fijado en los puertos de Las Palmas y Santa Cruz, debido a su capacidad para inyectar energía en nudos de transporte de 66 kV y distribución de 20 kV cercanos a los grandes centros de consumo.
La dependencia de los combustibles fósiles en el archipiélago sigue siendo alarmante, representando el 79% de la demanda de energía primaria, frente a un exiguo 3,7% proveniente de fuentes renovables. Aunque la producción bruta de electricidad alcanza casi un 20% de origen renovable, la falta de sistemas de almacenamiento masivo —más allá del hidrobombeo— y la obsolescencia del parque térmico convencional provocan que las emisiones de gases de efecto invernadero sean cuatro veces superiores a la media de la España peninsular. El Gobierno de Canarias se ha fijado como meta técnica alcanzar el 62% de generación eléctrica renovable para el año 2030, un objetivo que requiere la urgente implementación de un marco retributivo específico por parte del Estado para incentivar la inversión en tecnologías de respaldo y almacenamiento.
Un sistema termodinámicamente incompetente
A pesar de que desde octubre de 2023 existe una Declaración de Emergencia Energética, el despliegue de los grupos de potencia adicionales (los famosos 200 MW destinados a aliviar el sistema) ha chocado con la lentitud administrativa y la falta de un marco retributivo por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Durante el debate en la Cámara, se advirtió que «la emergencia recorta plazos», pero seis meses después de la licitación exprés, la solución estructural seguía sin materializarse. El apagón de hoy en La Gomera es el resultado directo de ese decalaje entre la urgencia política y la realidad operativa.
El almacenamiento: La asignatura pendiente
El problema no es solo generar, sino almacenar. En islas pequeñas y fragmentadas como La Gomera, la dependencia del petróleo (un 79% del mix primario) solo puede romperse con sistemas de hidrobombeo o baterías que den estabilidad a las renovables. Sin embargo, mientras estos proyectos a largo plazo avanzan a paso lento, la realidad es que el 80% de la electricidad sigue dependiendo de centrales térmicas cuya intensidad de emisiones es cuatro veces superior a la media europea, un modelo que hoy ha vuelto a demostrar que no da más de sí.
El Gobierno de Canarias ha vuelto a señalar al Ministerio en Madrid. La petición es clara: Canarias no puede esperar por los tiempos de una normativa diseñada para un continente interconectado. La «insularidad, el alejamiento y la fragilidad» exigen que se acelere el concurso eléctrico y se permita la renovación de los grupos. Como se vaticinó en el Parlamento: «La pregunta no era si volveríamos a sufrir un cero, sino cuándo». Hoy, La Gomera ha dado la respuesta de la peor manera posible.
Noticia escrita por Gara H. Vega. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
