Quien cuestione mínimamente el arancel, es mandado a galeras: Se le asesina civilmente. En la economía de las Islas Canarias, el AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías) se ha convertido en la gran línea de falla. Lo que nació como un escudo para la ultraperiferia es hoy, a ojos de una parte de la sociedad civil, un arancel anacrónico que encarece la vida para proteger intereses particulares. Durante su comparecencia en el Parlamento, Agustín Manrique de Lara, figura de peso en el empresariado canario, lanzó un órdago directo a la línea de flotación de los sectores protegidos: hay que suprimir el AIEM para que la clase media canaria deje de pagar el peaje de un proteccionismo del siglo pasado. Pero no ha tenido éxito.
La reacción a las palabras de Manrique de Lara no se hizo esperar desde la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA). La patronal industrial ha activado su maquinaria de influencia advirtiendo que, sin el AIEM, «muchas industrias canarias cerrarían». Para ASINCA, este arbitrio es una medida «justa y necesaria» para compensar los sobrecostes estructurales, llegando a comparar la situación de Canarias con los aranceles que la UE impone a los coches chinos.
Sin embargo, desde sectores críticos se señala que este blindaje ha creado una suerte de «capitalismo de invernadero» donde el consumidor isleño financia, vía precios, la ineficiencia de producciones locales que no han sabido —o no han necesitado— modernizarse bajo el calor de la protección arancelaria. El debate en este 2026 ya no es sobre la supervivencia de la industria, sino sobre quién debe pagar la factura de su mantenimiento.
La Guerra de la Fresa: El escudo agrario frente a Huelva
Pero si hay un sector donde el AIEM muestra su cara más agresiva es en el agrario. El lobby liderado por ASAGA Canarias ASAJA defiende el arbitrio como un «escudo» vital. El caso paradigmático es el de la fresa de Valsequillo frente a la fresa de Huelva. Los productores locales, apoyados por consistorios y asociaciones como FresCanarias, han logrado que la fresa foránea sea gravada para evitar que los excedentes peninsulares —mucho más baratos— inunden el mercado canario. Y eso que son de Huelva.
Argumentan que la fresa de Huelva llega a las islas a «precio de coste» (en torno a 1 euro el kilo) mientras que producir en las islas supera los 2 euros. Para el lobby agrario, el AIEM es el único muro que impide que la producción local de «kilómetro cero» desaparezca ante el rodillo industrial de la Península. No obstante, para el consumidor final, esto se traduce en una cesta de la compra donde el producto local es un artículo de lujo y el importado deja de ser una alternativa económica por el peso de los aranceles.
La propuesta de Manrique de Lara tocaba el nervio sensible del Régimen Económico y Fiscal (REF): ¿debe el fuero canario proteger a sectores específicos o buscar la prosperidad general? Mientras el lobby industrial y agrario se atrinchera en el «no se puede tocar», el encarecimiento del coste de vida y la asfixia del comercio online —penalizado sistemáticamente por el AIEM— están ensanchando la brecha de desigualdad. En este 2026, la política canaria se enfrenta a una decisión valiente: seguir alimentando a los lobbys que «comen de la mano» del boletín oficial o actuar «fuera de la caja» para ensanchar una clase media que ya no puede más con la inflación protegida por ley.
