El comercio electrónico en Canarias alcanzó los 4.066 millones de euros de facturación en 2024, un 7% del PIB regional y un crecimiento cercano al 1.000% en la última década, cuando el volumen apenas rozaba los 447 millones. Más de un millón de residentes compran ya por internet, el doble que hace diez años, y las islas reciben una media de 170.000 paquetes diarios procedentes en su mayoría de plataformas internacionales. El dato convierte al archipiélago en uno de los territorios con mayor penetración relativa del comercio electrónico en España, con un 34% de empresas de más de diez empleados vendiendo online, frente al 27% de media nacional y el 24% europeo.
Pero la cifra agregada esconde una fractura que define la economía insular contemporánea. El 95,1% de las 25.775 empresas comerciales registradas en Canarias a enero de 2025 son microempresas o negocios sin asalariados, un tejido atomizado que sostiene el empleo local, tributa íntegramente en las islas y mantiene la vida comercial urbana. Frente a ellas, las grandes plataformas internacionales operan desde jurisdicciones externas, optimizan su carga fiscal y se benefician de la exención del IGIC en envíos de hasta 150 euros, un umbral que cubre la inmensa mayoría de las compras online de los consumidores canarios. El resultado es una competencia donde unos pagan el coste completo de operar en el territorio, incluidos alquileres, salarios, cotizaciones y tributos locales, mientras otros acceden al mismo mercado sin asumir prácticamente ninguno de esos costes fijos.
La Consejería de Economía y organismos como Cecapyme llevan meses señalando esta asimetría regulatoria sin que la respuesta normativa haya ido más allá del diagnóstico. El gasto medio anual por comprador online en Canarias se sitúa en 3.700 euros, una cifra que representa transferencia neta de renta desde el consumidor insular hacia centros logísticos peninsulares y europeos. Mientras el Gobierno canario destina 3,1 millones a la modernización de mercados tradicionales, un incremento del 200% respecto a 2025, la facturación anual del comercio electrónico que escapa al circuito fiscal local multiplica esa cifra por más de mil. No se trata de un debate entre modernidad y tradición, sino de si las reglas del juego permiten que ambos compitan con un mínimo de simetría fiscal y regulatoria, o si la estructura vigente condena al comercio de proximidad a sostener el territorio mientras el margen se lo lleva quien opera desde fuera.
