El Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos volvieron ayer, sábado, a la calle en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario para pedir que se pongan límites al alquiler y que se frenen los desahucios de personas vulnerables.
Protestan en un archipiélago donde la vivienda libre se vendió en el segundo trimestre un 11% más cara que un año antes. Es el dato del índice de precios de vivienda que el Instituto Nacional de Estadística publicó el 7 de septiembre, algo por debajo del 12,2% de la media española.
La convocatoria reclamaba también que en Canarias se aplique de verdad la ley estatal de vivienda de 2023. Y ahí está el detalle que explica buena parte del enfado: las islas siguen fuera del mapa de las zonas donde esa ley permite contener el precio del alquiler.
Un mapa sin islas
La ley estatal deja en manos de cada comunidad autónoma declarar zonas de mercado residencial tensionado. Solo dentro de ellas se puede impedir que el alquiler de un contrato nuevo supere al del anterior, más su actualización anual, y obligar a los grandes propietarios a ajustarse a un índice de referencia.
El Ministerio de Vivienda cifró el 2 de septiembre en 317 municipios los que contaban con esa declaración, en todo o en parte de su término, repartidos entre Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias. Ningún municipio canario aparece en las relaciones trimestrales que publica el Boletín Oficial del Estado, tampoco en la última, del 29 de julio, que sumaba núcleos y barrios de varios concejos asturianos, Santiago de Compostela y Basauri.
Que Canarias no esté en esa lista depende del Gobierno autonómico, que es quien tiene la competencia para declarar esas zonas. El tope, eso sí, actúa sobre el precio de los contratos y no sobre el número de viviendas disponibles.
Un decreto que duró un día
La protesta llegó, además, con el terreno recién removido en Madrid. El Gobierno central aprobó el martes 29 de septiembre dos decretos ley de vivienda, y el segundo imponía que los contratos de alquiler de vivienda habitual se prorrogaran por periodos sucesivos de cinco años, o de siete si el propietario es una persona jurídica, una vez cumplido el plazo mínimo.
El propietario que no quisiera renovar tendría que pagar al inquilino una compensación de al menos doce meses de renta de una vivienda de características parecidas, con excepciones como que un propietario particular la necesitara para él o su familia. Ese decreto se publicó el jueves 1 de octubre y entró en vigor el viernes.
Le duró un día. El Congreso decidió derogar los dos decretos ese mismo viernes, y el Boletín Oficial del Estado del 2 de octubre publicó su derogación. La prórroga obligatoria, que trasladaba al propietario el coste de no renovar, quedó sin efecto antes de que nadie pudiera aplicarla. El primero, publicado el miércoles, apenas estuvo vigente dos días.
Menos pisos vacacionales, mismos precios
Hay otro dato que complica el relato habitual. El Instituto Canario de Estadística contó en abril 42.367 viviendas vacacionales ofertadas en plataformas digitales, un 18% menos que un año antes, con 173.770 plazas. Tenerife concentra el 41% de esas viviendas.
Es decir, en el último año han dejado de ofrecerse en las plataformas miles de viviendas vacacionales y, en paralelo, el precio de compra ha seguido subiendo a doble dígito. La estadística del ISTAC no sigue qué pasa con esas viviendas, así que no permite saber cuántas han vuelto al alquiler de larga duración.
Los números oficiales muestran que las dos cosas han coincidido en el tiempo, no que una explique la otra. Mientras tanto, la calle sigue pidiendo límites al alquiler y freno a los desahucios, en un archipiélago que todavía no ha usado la herramienta que la ley de 2023 pone en manos del Gobierno autonómico.
