El escenario político canario ha registrado un movimiento táctico inesperado en el debate sobre el autogobierno económico. En un dictamen remitido a las Cortes Generales este 25 de marzo de 2026, Vox se ha sumado al resto de fuerzas parlamentarias (PSOE, CC, PP y ASG) para defender la integridad del AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías) que protege al negocio . El partido, que históricamente ha cuestionado la utilidad de este impuesto por su impacto en los precios, ha priorizado en esta ocasión la defensa del Fuero Canario frente a lo que consideran una «injerencia climática» de la Comisión Europea. Hasta ahora el discurso de Vox no encajaba en el lobby industriofinanciero Asinca que defiende la optimización fiscal para compensar sobrecostes de la ultraperiferia.
Este mismo mes de marzo el portavoz de Vox en el Parlamento canario, Nicasio Galván, ha criticado la gestión del Gobierno autonómico y sus niveles de ejecución, especialmente de fondos europeos, y ha reclamado una bajada de impuestos para estimular la economía y eliminar el AIEM, al considerar que encarece la cesta de la compra y no impulsa la industria local. Durante su réplica en el Debate del Estado de la Nacionalidad al discurso del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, Galván consideró que el balance presentado por el Gobierno ofrece una imagen «irreal» de la situación del archipiélago y que persisten problemas estructurales en la economía canaria.
La firma de la diputada Paula Jover Linares (Vox) en la ponencia parlamentaria supone un hito en la estrategia del partido en el archipiélago. Al suscribir el dictamen junto a Manuel Hernández Cerezo (PSOE), Socorro Beato (CC), Carlos Ester (PP) y Jesús Ramos Chinea (ASG), Vox valida un texto que califica como «imprescindible» la excepcionalidad de Canarias ante el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). El argumento central es que la nueva tasa europea «vacia de validez» las herramientas fiscales propias de las islas, permitiendo una doble imposición que asfixiaría a la industria local.
Esta convergencia de siglas responde a la preocupación técnica por la ampliación del catálogo de productos afectados. El dictamen alerta de que la coincidencia entre el AIEM y el nuevo arancel ambiental subirá de 9 a 11 categorías de productos, mientras que la colisión con las suspensiones arancelarias se dispara de 3 a 27. Para el bloque parlamentario, incluyendo a Vox, resulta inaceptable que Bruselas aplique un modelo homogéneo que ignora la condición de Región Ultraperiférica (RUP), especialmente cuando se ha concedido una exclusión total a Ceuta y Melilla por su régimen aduanero.
El documento firmado por los cinco ponentes denuncia una «incoherencia dentro del ordenamiento jurídico de la UE» al superponer gravámenes sobre el mismo producto importado. Al sumarse a esta tesis, Vox aparca su discurso de «eliminación de impuestos» para alinearse con la defensa de la soberanía fiscal canaria frente al centralismo de Bruselas. El dictamen concluye que cualquier avance hacia la neutralidad climática en 2050 debe respetar el «justo equilibrio» con la realidad socioeconómica de las islas, blindando las figuras impositivas que permiten la supervivencia del sector secundario en Canarias.
