Derecho al Techo y el Observatori DESCA impugnan el decreto de adjudicación por sus requisitos económicos y de residencia. La normativa exige hasta doce años de residencia continuada en Canarias y cinco años de vinculación con el municipio, aunque contempla excepciones y un régimen especial sin ingresos mínimos.
La regulación de la vivienda pública de Canarias se enfrenta a una impugnación judicial que cuestiona si sus requisitos de acceso están dejando fuera a quienes más necesitan una solución habitacional. Derecho al Techo y el Observatori DESCA han incorporado nuevos datos estadísticos a su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el Decreto 23/2026, aprobado en marzo por el Gobierno de Fernando Clavijo.
Las organizaciones sostienen que las exigencias económicas y de residencia perjudican especialmente a los hogares con menos recursos, a las familias monomarentales y a parte de la población extranjera. Su cálculo identifica 68.144 hogares inquilinos en Canarias con ingresos netos inferiores a 1.000 euros mensuales que, según denuncian, quedarían excluidos por los criterios económicos de la nueva regulación.
La cifra procede de una estimación elaborada con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), no de un registro oficial de solicitudes denegadas. Además, el alcance de la denuncia requiere una distinción fundamental: el decreto establece ingresos mínimos para acceder a viviendas de régimen general, pero no contempla ese mismo requisito para las de régimen especial.
Esta diferencia impide afirmar que todos los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros estén excluidos de cualquier modalidad de vivienda pública.
Un mínimo de ingresos para acceder al régimen general
La contradicción denunciada por las asociaciones se concentra en el artículo 30 del decreto, que exige unos ingresos mínimos para optar a viviendas protegidas de promoción pública en régimen general.
El umbral varía según el número de integrantes de la unidad familiar o de convivencia. La normativa fija mínimos equivalentes a 1,5 veces el IPREM anual para una persona, 1,9 veces para dos, 2,4 veces para tres y 2,5 veces para cuatro o más miembros, tomando como referencia el indicador anual en catorce pagas.
Al mismo tiempo, establece un máximo general de cinco veces el IPREM, ampliable a seis en determinados supuestos de discapacidad o familias numerosas.
El problema que señalan las organizaciones es que una familia puede necesitar una vivienda pública precisamente porque sus ingresos son insuficientes para afrontar los precios del mercado, pero no alcanzar el mínimo requerido para participar en determinadas adjudicaciones.
El Gobierno también contempla viviendas de régimen especial, reguladas en el artículo 28, donde se establece un límite máximo de ingresos de 2,5 veces el IPREM, sin exigir un mínimo equivalente al del régimen general.
La existencia de esta segunda modalidad es esencial para evaluar la denuncia. La cuestión no consiste únicamente en comprobar si una familia puede acceder legalmente a alguna vivienda pública, sino qué promociones están disponibles en cada régimen y cuántas plazas se destinan efectivamente a los hogares con menor capacidad económica.
Doce años en Canarias y cinco en el municipio
Las exigencias económicas no son el único motivo de impugnación.
El artículo 21 establece que, con carácter general, las personas adjudicatarias deben acreditar doce años de residencia ininterrumpida en Canarias o quince años si esa residencia ha sido interrumpida.
También exige residir o trabajar durante al menos cinco años consecutivos en el municipio donde se encuentre la promoción.
La norma contempla excepciones y reglas específicas para determinadas circunstancias, como las víctimas de violencia de género, las personas alojadas temporalmente por una administración y los emigrantes retornados.
Existe además un procedimiento de adjudicación temporal por necesidad habitacional urgente, con requisitos propios y periodos de residencia inferiores.
Pese a esas excepciones, las organizaciones recurrentes consideran que los plazos generales constituyen una barrera desproporcionada.
Según los datos del Censo de Población de 2021 incorporados a su demanda, el 51,42% de la población extranjera y el 14% de la española no cumplirían el requisito de doce años de residencia.
Estos porcentajes no equivalen al número de personas que tienen derecho a solicitar una vivienda ni permiten calcular directamente cuántas serían rechazadas: describen la proporción de población que no alcanzaría el periodo de residencia analizado, con independencia de otros requisitos.
La controversia jurídica reside en determinar si esas condiciones son proporcionadas al objetivo de adjudicar un recurso público escaso y si producen una discriminación injustificada sobre determinados colectivos.
Las familias monomarentales, especialmente expuestas
Derecho al Techo y el Observatori DESCA también advierten del impacto de la normativa sobre familias con una sola progenitora.
En su análisis señalan que el 41,76% de las familias monomarentales se encuentra en riesgo de pobreza, frente al 21,59% registrado en el conjunto de hogares utilizado como referencia.
Las organizaciones consideran que los requisitos económicos y de residencia pueden agravar la vulnerabilidad de estas unidades familiares.
El decreto, por su parte, incorpora criterios de baremación vinculados a la composición familiar, las circunstancias personales y la necesidad de vivienda. También contempla reservas para determinados colectivos.
Por tanto, la cuestión que debe esclarecerse es si esos mecanismos de protección compensan suficientemente las restricciones generales de acceso.
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